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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha pronunciado enérgicamente contra la aprobación de una ley de amnistía en España. La asociación, que representa a la mayoría de los jueces en el país, sostiene que tal ley es inadmisible en la Constitución Española de 1978 y representa un ataque a la democracia y al Estado de Derecho. La APM ha estado alertando durante mucho tiempo sobre el grave deterioro institucional y del Estado de Derecho en España. La asociación ve inaceptable que se tramite una norma que libere solo a unos pocos de sus responsabilidades penales. Según la APM, una ley de amnistía de este tipo pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplican las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo.
La APM sostiene que la ley de amnistía deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, enviando el mensaje erróneo de que en España se condena por delitos políticos. Además, la asociación argumenta que tal ley rompe un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes. Además, la APM argumenta que la ley de amnistía viola el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente basándose en la supuesta motivación política de sus actuaciones. Según la asociación, esto supone un grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio.
En su comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura expresa su más firme rechazo a una futura ley de amnistía que, en su opinión, tiene un claro objetivo: anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política. La APM sostiene que la ley, que por definición y principio es general, se convierte así en un privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho.
Los jueces tienen un papel fundamental en el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Son los encargados de interpretar y aplicar las leyes, y su independencia es esencial para garantizar la justicia y la igualdad ante la ley. Sin embargo, la APM sostiene que la ley de amnistía es un ataque directo a los jueces y a su tarea de aplicar las leyes. La APM sostiene que la ley de amnistía da a entender que las condenas vinculadas al 1-O lo fueron por delitos políticos, lo que considera un grave desprestigio de la función jurisdiccional y un ataque a la independencia judicial. En este sentido, la asociación insta a los jueces a mantener su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.
