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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido oponerse por primera vez en democracia al candidato del Gobierno a fiscal general del Estado. La mayoría de los vocales ha votado que el candidato no es idóneo para el cargo, luego de que el Tribunal Supremo criticara el ascenso de Dolores Delgado, predecesora del candidato, a la máxima categoría de la Carrera Fiscal. Ocho vocales del Pleno han votado a favor de esta tesis, mientras que siete han votado en contra y uno se ha abstenido.
Aunque el informe del CGPJ es preceptivo, no es vinculante, lo que significa que el Gobierno puede llevar a cabo el nombramiento del candidato a fiscal general del Estado a pesar de la oposición del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, la mayoría del Poder Judicial considera que el candidato es inidóneo para ser la cabeza visible del Ministerio Público, tanto por el varapalo del Tribunal Supremo como por su afinidad con el PSOE y su negativa a condenar el término Felón. Esta decisión del CGPJ refleja la división entre los sectores conservador y progresista del Consejo, así como la controversia en torno a la imparcialidad del candidato y su relación con Dolores Delgado.
El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Sin embargo, desde su primera designación como fiscal general del Estado en 2022, el candidato ha sido objeto de críticas por parte de algunos vocales del CGPJ, quienes consideran que no cumple con el requisito de imparcialidad y lo vinculan estrechamente con Dolores Delgado, a quien también consideran inidónea.
La votación del CGPJ refleja las opiniones encontradas entre los vocales del Consejo. Mientras que los vocales del sector conservador han votado a favor de considerar inidóneo al candidato propuesto por el Gobierno, los vocales del sector progresista y algunos conservadores han votado en contra. Además, el presidente del CGPJ se ha abstenido y su decisión ha sido respaldada por unanimidad. Esta división refleja las diferencias ideológicas y las preocupaciones sobre la imparcialidad y la idoneidad del candidato para el cargo de fiscal general del Estado.
