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La actuación del fiscal general del Estado, García Ortiz, ha generado indignación en el Ministerio Público. Fuentes fiscales afirman que en lugar de defender a los fiscales y a la institución, se ha convertido en un colaborador necesario de Pedro Sánchez para conseguir sus objetivos políticos. García Ortiz ha evitado hacer un pronunciamiento sobre la Ley de amnistía y tampoco ha defendido a los fiscales del 1-O acusados de lawfare. A pesar de ello, ha colaborado activamente con el Ejecutivo para agilizar la amnistía y ha solicitado información a las Fiscalías para conocer qué procedimientos podrían estar afectados.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la idoneidad de García Ortiz como candidato a fiscal general del Estado, algo que nunca había ocurrido antes. Además, se emitió un informe en el que se criticaba la postura de García Ortiz respecto a los ataques sufridos por los fiscales del 1-O. El informe señalaba que el fiscal general había evidenciado una sintonía con los promotores de las campañas de desprestigio y que su inacción no estaba fundamentada en compartir las graves acusaciones contra la actuación de la Fiscalía. Estas críticas ponen en duda la imparcialidad y la defensa de la legalidad por parte de García Ortiz.
