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El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado un borrador de decreto que busca intervenir en las vigencias futuras del presupuesto, con el objetivo de castigar obras atrasadas y destinar recursos de manera más criteriosa. Esto ha generado preocupación sobre la concentración de poder en manos del presidente y la falta de confianza en los procesos técnicos.
La propuesta de reformar la ley de servicios públicos para que la regulación del sector quede en manos del presidente ha levantado críticas sobre la falta de justicia en las tarifas energéticas y la falta de claridad en la transición hacia energías más sostenibles. Se percibe una búsqueda de acumulación de poder y una indolencia frente a las necesidades reales de regiones como el Caribe colombiano.
Se han destapado irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira, con sobrecostos, contratos con empresas de papel y falta de viabilidad técnica en los vehículos adquiridos. Estos actos de corrupción, junto con la impunidad en casos como el regreso de Salvatore Mancuso, generan preocupación sobre la transparencia y la legalidad en el Gobierno de Petro.
La gestión del presidente Petro ha sido criticada por intentar acumular poder, gestionar la política pública sin suficientes controles y usar la ley a su conveniencia. La falta de transparencia en las decisiones, los actos de corrupción y la impunidad en casos como el retorno de Mancuso plantean interrogantes sobre el rumbo del Gobierno y la protección de los derechos ciudadanos.
