El PP pide a los políticos del Gobierno de Suárez que den su opinión en el Senado sobre la nueva Ley de la Memoria

MADRID, 11 de agosto (PRENSA EUROPA) –

El Partido Popular pidió este jueves comparecer ante la Comisión de Constitucionalidad del Senado sobre figuras “relevantes” de la Transición, como los exministros Rodolfo Martín Villa o Rafael Arias Salgado, para opinar sobre la aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática y eso será debatido en el Senado más adelante en el verano.

Específicamente, solicitaron la presencia de Rodolfo Martín Villa; Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja Aguirre; Soledad Becerril Bustamante; Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; y Carmela García-Moreno Teixeira, algunos de los cuales fueron miembros del gobierno de Adolfo Suárez.

Según la portavoz de la Comisión y secretaria general del PP en el Senado, Amelia Salanueva, el proyecto de ley de Memoria Democrática tiene “importantes defectos y vicios que impiden que sea considerado un acto verdaderamente democrático”. “No es sólo un insulto a las víctimas del atentado de ETA, sino también un insulto a todos los españoles”, ha dicho.

ESCRITO DE LEY POR REPRESENTANTES DE ASESINOS

A su juicio, el acuerdo alcanzado por el PSOE con Bildu en el Parlamento supuso que el proyecto de ley fuera redactado por “representantes de asesinos, secuestradores y extorsionadores, que tanto daño han causado a la sociedad española atentando contra la vida, la libertad y la democracia”.

En declaraciones obtenidas por Europa Press, el PP aseveró que el proyecto de ley suponía “un ataque frontal” al régimen constitucional y un intento de “autorizar” la Conversión y el tratado entre los españoles Dental.

Salanueva ha afirmado que la norma “siembra dudas” sobre todo el proceso de democratización de España y del sistema de libertades y bienestar, “poniendo en entredicho la legitimidad y la democracia de España de la Transformación y de la propia Constitución Española”, ha dicho.

Por último, también cuestiona si “quizás el Ejecutivo socialista de Felipe González es un gobierno ilegítimo y heredero del franquismo”, dado que la ley reconoce víctimas hasta 1983. “Cuando hubo elecciones autonómicas, el pleno de la ciudad y el golpe del 23-F intento de Estado cuando la democracia en España estaba plenamente consolidada”, desarrolló.