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Belarra elogió el apoyo de Bildu al PGE y destacó que la “mayoría multinacional” logró avances, como la prohibición de las deportaciones.

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(ID) El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en la mesa de debate ‘Construyendo Futuros: Desafíos Comunes y Alianzas’, en Casa América, el 20 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). – Jesús Hellin – Europa Press

MADRID, 22 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La ministra y líder de Derechos Sociales de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que el apoyo de Bildu al Presupuesto demuestra que gran parte de lo “progresista y multinacional” está avanzando, como la prohibición del eje. Para personas vulnerables sin vivienda alternativa.

Así lo señaló en Twitter luego de que el co-coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunciara que la unión soberana votaría a favor del Presupuesto Común del Estado (PGE) para 2022, ya que se hicieron “avances” en las negociaciones que incluían un acuerdo con el gobierno estatal para hacer permanente la suspensión de los desalojos y el aplazamiento del pago de la renta para las personas vulnerables. Además, la operación incluye una apuesta por el canal ETB 3 que se verá en todo el territorio navarro.

“El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y EH Bildu incluye la prohibición de los desalojos sin alternativa de vivienda”, enfatizó Belarra, y agregó que una mayoría “multinacional” permite avances en derechos tan importantes como la vivienda ”.

A finales de octubre, el Ejecutivo prorrogó hasta el 28 de febrero del próximo año las medidas anti-deportación promovidas en los estatutos reales definitivos, en un paquete de iniciativas conocido como ‘hojas. Certeza social’.

Ya en el texto del proyecto de ley de vivienda se establece la protección contra el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad, mediante una reforma al Código de Procedimiento Civil.

De esta forma, los tribunales deben solicitar un informe a los servicios sociales para demostrar si fueron vulnerables durante el proceso de inicio. De ser así, el desalojo se suspenderá hasta que el Órgano de Gobierno encuentre una alternativa a la vivienda en el plazo de dos meses si el reclamante es una persona física o cuatro si es lícito.

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Redacción Prensa
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