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CGPJ descarta defender al juez De Prada, reitera que los jueces no pueden evitar las críticas

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Los tres miembros lamentan que el juez no esté protegido contra la “reincidencia de un ataque de inhabilitación” contra su activismo.

MADRID, 21 de junio (PRENSA EUROPA) –

La Comisión Permanente de la Asamblea General del Poder Judicial (CGPJ) se negó a proteger al juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada de su publicación en diversos medios, reiterando que los jueces no pueden ser inmunes al ejercicio de derechos. contra las críticas defendiendo la libertad de expresión e información.

Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que el juez consideró que las circunstancias y las pretensiones eran lo suficientemente virtuales como para lograr una perturbación de la independencia judicial en los editoriales a los que aludía el juez no están de acuerdo.

En este contexto, el CGPJ considera que la información sobre los jueces son juicios subjetivos realizados por periodistas en ejercicio de la libertad de expresión y no son suficientemente específicos para influir en cómo se aplican los derechos de los jueces. Un miembro del Poder Judicial.

La Comisión Permanente, en todo caso, manifestó su apoyo incondicional a los miembros de la Carrera Judicial y dijo que si bien su labor puede ser criticada, debe seguir principios como la moderación, la proporción y el respeto a todos.

Todo ello, añaden, si bien puede generar la persistencia en las citadas críticas, mantienen situaciones de intensa convulsión que obligan al CGPJ a adoptar medidas para mantener, defender y proteger la independencia de jueces y magistrados.

Algunas de las últimas decisiones en las que se ha visto envuelto De Prada no han sido controvertidas. El 3 de junio, la Sala Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional firmó un auto, en el que el propio De Prada era ponente, en el que concluía que el indulto “no es en absoluto un requisito legal” para licenciar a un preso de ETA, que es más bien un “signo” de una “buena evolución en prisión” que también se puede inferir de otros factores.

Anteriormente, en mayo, también causó revuelo la decisión de la Audiencia Nacional de absolver al exlíder de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, por el asesinato en un barrio de Bilbao de un guardia civil fallecido. después de recibir cinco disparos en la espalda.

En esa sentencia, los jueces de la Segunda Parte aludieron a la sentencia del TEDH sobre Atristain, que concluyó que el acceso a los abogados libremente designados estaba limitado durante las diligencias previas al juicio… obligatorio por ley.

“La Libertad de Expresión ES ILIMITADA”

Sin embargo, el acuerdo de la Comisión Permanente de negarse a defender a De Prada tuvo votos en contra de los diputados Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, quienes anunciaron la construcción de un voto particular.

Al mismo tiempo, a la que tuvo acceso Europa Press, los tres jueces aseguraron que la citada información “muestra que no se trata de un hecho aislado y puntual, sino de la reiteración de un atentado suficientemente justificado”. de prada.

Los comentarios y alusiones en las referidas publicaciones afectan gravemente, no sólo su responsabilidad profesional, sino también su independencia judicial, así como la de los jueces que aún lo son, por el contrario, las personas que integraron el Tribunal que dictó las resoluciones e incluso de algunos jueces vieron la necesidad de aplicar a esta votación en particular los mismos criterios de jurisdicción utilizados en las resoluciones citadas”, aseveró.

En esta línea, los jueces destacaron “que el derecho a la libertad de expresión ya censurar públicamente las decisiones judiciales no son ilimitados”. Y prosigue, “para valorar su legítima aplicación, debe tenerse en cuenta el lugar único del Poder Judicial en el Estado Constitucional”. “El juez -que sólo se expresa a través de sus decisiones- por las obvias razones de reticencia, prudencia y mesura”, insistieron.

A su juicio, “las críticas excesivas e infundadas a un juez en el ejercicio de sus funciones pueden afectar no sólo a su reputación profesional sino también a su confianza en el sector público”.

“Por lo tanto, no encontramos justificación en el acuerdo de la Comisión Permanente de que, ni siquiera para hacer una declaración pública en defensa de la profesionalidad del juez de amparo y su independencia, en cambio, la aceptación de la tramitación de la demanda de amparo fue hecha por el juez José Ricardo de Prada Solaesa”, concluyeron.

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Redacción Prensa
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