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La Fiscalía ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la condena del ex DAO Eugenio Pino en el caso Pujol.

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MADRID, 8 DE JULIO. (EUROPA PRESIÓN) –

La Fiscalía de Madrid ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo una condena de un año de prisión contra el exdirector adjunto de Operaciones (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino por revelar una mesa secreta adscrita a la Unidad de Delincuencia. Economía y Hacienda (UDEF) y el Centro de Inteligencia Nacional (CNI) ‘protagonizan’ con datos personales y empresariales el caso de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

Tal y como ha avanzado ‘domainsiario.es’ y confirman fuentes jurídicas a Europa Press, aunque la Fiscalía solo aludió a la legalidad y a las infracciones legales en la sentencia, se trata de exigir la nulidad de la sentencia en su totalidad, posición consecuente con la posición de la Fiscalía durante todo el proceso, que no encontró ningún delito por parte de Pino en este caso.

El propio Pino ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo, por el que pretende anular la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el pasado 13 de mayo, cuando coincidía con Jordi Pujol Ferrusola -el hijo mayor del expresidente catalán- — y rescindió parcialmente la sentencia de la que fue absuelto en 2020.

El TSJM revisó la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid argumentando que Pino había cometido un delito al facilitar al CNI, a la UDEF y al Juzgado Nacional nº 5 Directivo Central una ‘línea’ con información de Pujol Ferrusola sin advertir “en su momento no a las autoridades judiciales sobre el origen ilegal de la prueba”.

En cuanto al juzgado de Madrid, la actuación de Pino “no sólo constituye un acto profesional incorrecto, poniendo en riesgo de contaminación la investigación judicial en curso, sino que integra el delito por el que se le imputa el pecado”.

El TSJM ha explicado que la DAO entonces, “conociendo el contenido ilícito del ‘pendrive’, ha decidido utilizarlo para usos no protegidos, por lo que, sin avisar a los subordinados ni a la autoridad judicial o fiscal, lo ha introducido formalmente, en ley o en hecho”, en una investigación abierta, lo que significa la divulgación de información confidencial sobre Pujol Ferrusola que “no está relacionada” con él.

“Este es el meollo del asunto que se debate, el debido manejo de la información que puede ser relevante o valiosa para los fines de una investigación penal en curso, pero que tiene un origen irregular”. dicha información”, enfatizó el TSJM. “En todos los casos, las pruebas ilegales pueden recuperarse conscientemente de su origen en los procesos penales”, dijo.

CONCLUSIÓN DEL TSJM

Citando la doctrina de la Corte Suprema, los magistrados estimaron que Pino, “por su condición de funcionario público, ocupa un rango muy alto”, aunque no participó en la sustracción del disco flash, “debe abstenerse de entregarlo”.

La Corte enfatizó que, además de “no cumplir con la obligación sino como servidor público, para impedir el ‘camino’ del no camino”, planteó la finalidad de un uso falsificado del contenido del mismo”, con “clara intención hacer daño” Pujol Ferrusola.

El TSJM vio constancia de que “en fecha no precisada y por autores no identificados, numerosos documentos informáticos fueron incautados por los mecanismos no identificados de acceso, extracción y copia de Jordi Pujol” Ferrusola; en su mayoría “correo electrónico personal y empresarial y datos de carácter personal, familiar o empresarial”.

El tribunal señaló que, “entre los documentos relativos a su intimidad personal y familiar”, figuraban sus permisos de intervención quirúrgica, la escolaridad de su hijo, la preparación para viajes a China y Kenia, y “etiquetas y listados de personas y domicilios con Regalos de Navidad”, en además de “numerosos documentos sobre sus actividades empresariales, proyectos y datos confidenciales de acuerdos privados con determinados socios, especialmente con Jordi Puig Godés”.

Los jueces aseguraron que la intromisión de Pino no se registró durante “la detección o incautación ilegal de documentos informáticos”, ni cuando toda esa información llegó a manos de la DAO entonces, pero sí dijeron que, “a sabiendas de que no se produjo”. de la intervención prejudicial, en marzo de 2015 decidió utilizarlo”.

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Redacción Prensa
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