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AN absuelve al exdirigente de ETA Gadafi del asesinato de un Guardia Civil según la ‘doctrina Atristain’

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El departamento tiene “pruebas suficientes” de que los informes resumidos realizados son “injustificados”

MADRID, 13 de mayo. (Diario Europeo) –

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha absuelto al exlíder de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, por el asesinato en un barrio de Bilbao de un guardia civil que murió tras recibir cinco disparos en la espalda tras la aplicación de la legislación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre otro preso de la pandilla, Javier Atristain.

En una sentencia de este miércoles, obtenida por Europa Press, los jueces de la Segunda Parte aluden a la sentencia del TEDH contra Atristain, al concluir que el acceso a un abogado de libre elección se restringe a la instrucción previa al juicio, sin aportar plenamente y las razones pertinentes para tal restricción, no basado en un juicio personal de las circunstancias particulares del caso, sino basado en un razonamiento general y porque así lo requiere la ley.

Y es que, en el caso particular de Gadafi -quien fue juzgado en marzo pasado- los jueces explicaron que “las diligencias no incluyeron suficiente información sobre las condiciones en que se dan los sumarios de demandas, así como sobre el régimen de garantías que acompaña a ellos.”

“Existen indicios suficientes de que han sido detenidos sin autorización, tanto policial como judicial, pero sin resoluciones judiciales ni referencia adecuada a los fundamentos de derecho contenidos en la orden de ampliación del régimen de aislamiento”, reconocen los jueces.

NO HAY MOTIVO PARA OLVIDAR EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Además, señaló la sentencia, “lo mismo podría decirse respecto no sólo de la ausencia de estas órdenes de aislamiento, sino también de la no referencia en el proceso a otros aspectos esenciales para poder evaluar adecuadamente el estado de las declaraciones. es dado.” “Nos referimos específicamente a los registros forenses, con excepción de algunos registros muy específicos, que no están reflejados en el resumen”, agregó.

En esta línea, el tribunal aseguró que carecía de “razones, en interés de la justicia, por las cuales los detenidos quedan excluidos de participar en la referida investigación judicial, sin posibilidad de defensa defendida por sus abogados de confianza, designados por ellos, e incapaces de comunicándose con ellos, ni antes, durante ni después del interrogatorio”.

A su juicio, este episodio “introduciría la declaración de la autoridad judicial en un contexto de privación continuada del derecho al voto a partir de la detención policial, perpetuando la vulnerabilidad de los detenidos”, en la que se realizó un pronunciamiento policial, sobre que se interrogó a los detenidos, afectando la aspecto jurisdiccional de la conducta”.

Es por ello que la Sala considera que las declaraciones de los testigos que comparecen en el juicio sólo pueden ser utilizadas en ese contexto y no pueden referenciarlas ni complementarlas con ninguna otra averiguación previa, pues tampoco están plenamente garantizadas. como la libertad de su producción, así como la autenticidad y autenticidad de su contenido.

Sin embargo, los jueces reconocieron que, aunque no se cumpla con este último punto, “la sustanciación de las declaraciones testimoniales se analiza en su totalidad, es decir, además de los resúmenes previamente excluidos, son muy limitados y aportan muy poca prueba útil”. y ciertamente no son suficientes para los fines perseguidos por la acusación”.

SE SOLICITA MEDICO 40 AÑOS

Por el mencionado asesinato del empleado del Instituto de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía pidió a Gadafi 40 años de prisión por los delitos de homicidio terrorista y uno por uso ilegal de vehículo automotor y robo con toma de rehenes.

Todo esto sucedió la mañana del 31 de enero de 1991, cuando Gadafi y el fallecido Juan María Ormazábal, alias ‘Turco’, tomaron un taxi en una parada del Teatro Arriaga de Bilbao. Una vez dentro, ordenaron al conductor que los llevara a Calero, cerca de Basauri, dijo la fiscalía.

Tras iniciar el trayecto, uno de los dos le mostró una pistola y aseguró que eran miembros de ETA. Fue en ese momento que lo obligaron a detener el auto y le dijeron que se subiera a la cajuela y manejara el vehículo para continuar hasta la colonia Ocharcoaga.

UNA MUJER Y DOS NIÑOS

Allí, entre los bloques 71 y 72, se encontraba el exmiembro del Instituto de las Fuerzas Armadas Francisco Díaz de Cerio, quien fue ejecutado por la espalda. Los cinco tiros que le dispararon lo dejaron muerto, según la carta, de un infarto, dejando viuda y dos hijos huérfanos.

Cuando se produjo el atentado, los dos terroristas “huyeron del lugar” en un taxi hacia el Camino de Ibarguri, donde abandonaron el vehículo, dejando a su dueño encerrado en el maletero.

Ese ataque fue anunciado por la organización terrorista dos semanas después en dos comunicados conjuntos: el 16 de febrero fue publicado en EGIN y un día después, en DEIA. La acción forma parte de una campaña que la banda está siguiendo contra personas vinculadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

AMPLIAR HISTORIA DE CONFIANZA DE NOSOTROS

A pesar de haber sido absuelto, Gaddafi aún debe registrar una serie de condenas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por hechos similares. En concreto, en 2006, el juzgado le condenó a un total de 156 años y 11 meses de prisión en 2006 por su participación en varios asesinatos: el caso del guardia civil Ricardo Cousso, cometido en junio de 1991 en Valle de Trappaga (Vizcaya) y por Ramón Bañuelos. , a quien ETA considera narcotraficante, en octubre de 1998, con su participación en un atentado contra la Policía en septiembre de 1990 en Bilbao.

Ese mismo año, la Audiencia Nacional también le condenó a 18 años de prisión por matar a tiros a un hombre en 1991 en la localidad vizcaína de Barrika. ‘Gadafi’ cree que su víctima, que no resultó herida, era miembro de la Policía Nacional.

Pero, además, el tribunal lo condenó a 8 años de prisión por robar un taxi el 20 de julio de 1991, atar a su chofer a un árbol, y avisar a la Policía que el vehículo había sido sustraído con explosivos frente a su campo de fútbol. San Mamés en Bilbao.

Como consecuencia, también recibió seis años de prisión por colocar un artefacto explosivo en noviembre de 1991 en un bar de Santurce (Vizcaya), “donde parecía haber traficantes habituales y drogadictos”, según el juzgado. La bomba fue localizada por transeúntes y luego fue decomisada por la Policía.

Redacción Prensa
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