Demandante de 8M pide reabrir y Yolanda Díaz es citada para testificar sobre sus palabras sobre pandemia

Advirtió de “extrema gravedad” en sus declaraciones y pidió conocer la “utilidad” dada su orientación sobre COVID-19

MADRID, 9 de diciembre (EUROPA PRESS) –

La asociación ‘Afectados por la Gestión del Coronavirus’ (AGG) ha solicitado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel reabrir la investigación por un cargo de primera instancia al permitir la protesta del 8 de marzo y la diputada El mandatario fue citado a declarar por segunda vez por al Gobierno, Yolanda Díaz, por sus recientes declaraciones sobre el inicio de la pandemia en España.

En una carta dirigida al Tribunal de la Directiva 51 de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación que preside Víctor Valladares se centra en las orientaciones que presentó el Ministerio de Trabajo el 4 de marzo y allí se advirtió sobre la “necesidad de mascarillas quirúrgicas y separación de dos metros entre individuos “. “Esto contrasta fuertemente con lo que sucedió cuando se llevó a cabo la gran marcha del 8M”, criticaron.

Díaz, en una entrevista en Radiocable, explicó que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar en medidas contra el coronavirus, pues se vio que la gran epidemia “está golpeando fuerte a Italia” y podría sucederá también en España. Semanas después, su departamento presentó la mencionada orientación cautelar, que en su momento generó “gran polémica” dentro del Gobierno, lo que llevó a algunos a llamarlo “hombre de alarma”.

“Recuerdo claramente que Pablo (Iglesias) era el vicepresidente y lo llamé devastado por lo que estaba pasando. El 15 de febrero, cuando la pandemia golpeó a Italia, llamé a mi equipo. Porque creo que España es Italia y tenemos que tomar un muchas medidas porque hemos visto lo que va a pasar. Tanto es así que el 4 de marzo presenté una directriz muy polémica. Grande dentro del Gobierno y fuera también me acusan de alarmista. Esto está en el proceso 8M “. explicó Díaz.

UN INFORME “SUPER IMPORTANTE”

En concreto, se trata de un documento que ofrece una serie de consejos que las empresas pueden utilizar para prevenir la propagación del COVID-19 en su plantilla y la opción de optar por recetas de trabajo remoto. Para mantenerse activo. Posteriormente una medida fue criticada por CEOE y Cepyme mientras que UGT lamentó no haberla incluido en el diálogo social.

“¿Qué pasó con ese informe o trámite al que se refirió el vicepresidente segundo del Gobierno? ¿Qué se hizo con ese informe durante el Consejo de Ministros celebrado el 3 de marzo de 2020. La asociación formuló la pregunta en su carta.

Para la AGC “la respuesta a todas estas preguntas es tan importante y tan apremiante que debe asumir la reapertura del procedimiento actual” y eso fue presentado el 11 de junio.

CAUSAS DE SU FORMACIÓN

Rodríguez-Medel dictó sentencia de sobreseimiento temporal de la posterior demanda contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por presunta infracción administrativa por permitir concentraciones masivas, incluidas manifestaciones de feminismo el 8 de marzo cuando no existían pruebas suficientes de un crimen.

Pero la asociación reiteró que el resultado de este tipo de despido es que paraliza el procedimiento, el cual puede ser reabierto si existen indicios de un delito o permite vincularlo a una persona en particular, a su juicio, presente. caso con el vicepresidente.

“Es claro y obvio que las declaraciones recogidas en esta carta de la señora Díaz se refieren a un documento del que este Tribunal que tuvimos el honor de atender no tenía conocimiento de su existencia, y es muy importante no celebrar Protestas 8M en 2020 en Madrid, si el delegado del Gobierno de Madrid ha atendido su contenido, obviamente, si lo ha recibido, un aspecto debe investigarse a través de este trámite ”, ha mantenido AGC.

RESPUESTA A MIS PALABRAS

Las palabras de Díaz también llevaron al Ilustre Colegio de Abogados Cristianos a pedir la semana pasada al Juzgado de la Directiva núm. 13 de Madrid que reabriera el caso contra el Gobierno por su gestión de la pandemia y que el actual vicepresidente deba ser citado a declarar.

La asociación demandó al Gobierno por un “delito de homicidio imprudente, lesiones y preparación premeditada en el manejo de la crisis del coronavirus”. El organismo judicial culpó al ejecutivo del centro ya Fernando Simón, entre otras cosas, por “no tomar medidas a pesar de estar informado del potencial letal del virus”.

El presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, dijo tras escuchar a Díaz que sus declaraciones “confirman que el Gobierno ha guardado silencio sobre lo que está pasando sólo porque piensa en imponer su ideología”. “Anteponía sus propios intereses a la vida de sus ciudadanos”, denunció.

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