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Derechos Sociales redobla su compromiso con los ensayos energéticos y lo dirige a familias con ingresos de hasta 70.000€

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Quiere que dure todo el año y que la comunidad gestione el pago de esta ayuda, financiada con cargo a los Presupuestos Generales.

MADRID, 23 de marzo. (NOTICIAS EUROPEAS) –

La Consejería de Derechos Sociales, encabezada por Ione Belarra, perfila la propuesta de una ayuda de 300 euros para ayudar al pago de la luz y el gas, mediante la zonificación de las familias que podrán acogerse a esta ayuda con una renta no superior a 70.000 euros cada año.

También aboga por que su ejecución, aplicable hasta el 31 de diciembre de este año, se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque la gestión y el pago correrán a cargo de las comunidades autónomas.

A las puertas del Consejo de Europa, que abordará medidas para hacer frente a la crisis socioeconómica provocada por la crisis de Ucrania, la organización mantiene su compromiso de incluir esta medida en los futuros planes nacionales, que se espera que el Ejecutivo aborde. pase el 29 de septiembre.

Según la fuente del ministerio, el criterio es desplegar en base a los ingresos de la unidad de convivencia, que se considera a estos efectos generados por el titular de los contratos de prestación de residencia permanente, su mujer o su marido no es legal. separación o pareja. registrados de hecho y los niños, independientemente de su edad, residen en el hogar.

A estos efectos, también se incluyen en este apartado las personas que estén unidas por una relación de guarda, tutela o acogimiento familiar y cuyos cónyuges no estén legalmente separados o las parejas de hecho registradas, que residan en el domicilio.

Esta es una de las principales medidas del nuevo escudo social a favor del Derecho Social para minimizar los impactos socioeconómicos, consistente en un pago único de 300 euros por todos los consumos energéticos que tenga la familia.

COMPATIBLE CON OTROS SOPORTES Y GESTIONADO POR CCAA

Por otro lado, la Consejería de Belarra diseña su despliegue desde las legiones, que serán las únicas responsables de la administración y pago de estas ayudas, así como de supervisar el cumplimiento de las solicitudes de los cuerpos que soliciten estas ayudas.

A cambio, las comunidades presentarán informes trimestrales a la Administración del Estado sobre el funcionamiento y ejecución de la referida inspección.

El Derecho Social establece que estas ayudas son compatibles con la percepción de subvenciones, rentas u otros recursos con el mismo fin de cualquier administración u organismo público o privado.

La titular de Derechos Sociales remitió a Moncloa y al resto de ministerios información adicional sobre la propuesta, que ha sido potenciada durante su reciente intervención en el Consejo Estatal de Ciudadanos de la organización morada. En su momento, fue Belarra quien expresó que costaría 5.700 millones de euros.

Concretamente, Unidas Podemos planteó el tema hoy a la Junta Ejecutiva, durante una reunión en la que contó con la presencia de su segunda vicepresidenta, Yolanda Díaz; la necesidad de tomar medidas “rápidas”, “eficaces” y “valientes” para hacer frente a esta crisis, cuya respuesta debe ser claramente “social”.

NUESTRAS OTRAS PROPUESTAS PUEDEN

Espacio Federal propone una serie de medidas para hacer frente a los precios de la electricidad, como acabar con la caída de los beneficios de las eléctricas, imponer un recargo del 10% en el impuesto de sociedades a estas empresas, ampliar las bonificaciones a la sociedad eléctrica, reducir el precio del gas del resto del mercado y limitando el precio de la electricidad a 75 euros por megavatio hora.

También propusieron a su vez un nuevo escudo social que congelaría los precios de los alquileres este año y mejoraría un 18% el Ingreso Mínimo Vital.

Pidió hoy fijar el precio máximo del gasóleo para el transporte en 1,50 euros el litro y una ayuda de 3.000 euros por vehículo para hacer frente a la crisis del sector camionero, que actualmente se plantea en un paro del sector, con un coste estimado de 1.200 millones de dólares y cree conveniente introducir una reforma fiscal que gravaría a las grandes empresas y aumentaría las ganancias.

Desde el espacio de la alianza consideran necesario que las negociaciones lleguen a buen puerto y permitan aplicar medidas de ayuda a las zonas más golpeadas por esta crisis, que necesitan simpatía. Y es el malestar expresado por los distintos colectivos afectados por la subida de precios el que exige una gestión adecuada y abraza a todos los que están en apuros.

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Redacción Prensa
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