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El Gobierno de España ha impuesto una multa de más de 150.000 euros a la armadora Grupo Nores, propietaria del Villa de Pitanxo, por desactivar los geolocalizadores de varios de sus buques mientras faenaban cerca de las costas de Argentina. Esta práctica fue detectada en 25 embarcaciones, incluyendo cuatro barcos del grupo con base en Marín. Además de Grupo Nores, otras empresas gallegas, como Pesquerías Marinenses, Freiremar, Moradiña y Gadimar, también han sido sancionadas por estas irregularidades.
El caso de Grupo Nores y otras empresas gallegas pone de manifiesto el incumplimiento de la normativa pesquera en España. Todos los buques pesqueros con pabellón de un país de la UE y más de 15 metros de eslora deben estar equipados con un dispositivo SIA que transmita su localización, dirección y velocidad en el mar. Sin embargo, estos barcos apagaron repetidamente sus geolocalizadores sin motivos legítimos, lo que constituye una infracción contra la seguridad marítima y las normativas pesqueras. Aunque el Gobierno español ha sido elogiado por imponer sanciones en este caso, se destaca que pocos países comunitarios han multado a armadoras por este tipo de incumplimientos.
La desactivación de los geolocalizadores en los barcos pesqueros tiene graves consecuencias. No solo implica un incumplimiento de la normativa pesquera, sino que también pone en riesgo la seguridad marítima al dificultar la localización de los barcos en caso de emergencia. Además, esta práctica puede tener un impacto negativo en la sostenibilidad de la pesca, ya que dificulta el seguimiento y control de las actividades pesqueras. Por tanto, es fundamental que se impongan sanciones a las empresas que desactivan los geolocalizadores y se refuercen los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa.
