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La aprobación de la reforma a la ley 19.300 busca mejorar la participación ciudadana en la gestión ambiental. Con los cambios propuestos, se eliminarán conceptos que han generado incertidumbre y exigencias excesivas para la ciudadanía, como las cargas ambientales y las comunidades próximas. Esto permitirá a los inversionistas mejorar el diseño de sus proyectos y evitar conflictos socioambientales que retrasan la tramitación de los mismos. Además, se establecerá un nuevo recurso de reclamación con legitimidad amplia y plazos acotados de respuesta.
La reforma también busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual lleva 30 años de funcionamiento. Con esta modernización, se pretende prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y hacer el sistema más eficiente. Se avanzará en mayor acceso a la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y se eliminarán conceptos que generan incertidumbre. Además, se establecerán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales.
La propuesta de reforma busca simplificar los procedimientos para que los distintos organismos puedan someter voluntariamente sus instrumentos a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El Ministerio del Medio Ambiente tendrá un rol orientador y coordinador del proceso, manteniendo la autonomía de los órganos responsables de la política o el plan. Con esta simplificación, se busca mejorar la acción de reparación, estableciendo la legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado. Además, se busca cumplir con el principio de responsabilidad, proteger el medio ambiente y dotar de mayor certeza jurídica a las decisiones de los tribunales.