¡Descubre la impactante resolución en el caso de Alberto Casero y su acuerdo con la Fiscalía!

• El exdiputado nacional Alberto Casero ha aceptado una condena de un año y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación cuando era alcalde de Trujillo.
• El acuerdo se ha cerrado en Cáceres en una audiencia previa del caso en el que se investigan cinco contratos adjudicados sin tramitación ni publicidad.
• El acuerdo incluye una inhabilitación de cinco años y el pago de una indemnización al Ayuntamiento trujillano.
• Casero ha afirmado que pudo cometer errores administrativos, pero niega haber recibido beneficios económicos personales.

El acuerdo de condena de Alberto Casero

El exdiputado nacional del PP, Alberto Casero, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el cual acepta una condena de un año y nueve meses de cárcel por prevaricación y malversación. Estas acusaciones se refieren a cinco contratos adjudicados sin tramitación ni publicidad durante su mandato como alcalde de Trujillo. Aunque la pena es menor de dos años, Casero no ingresará en prisión. Además de la condena, el acuerdo incluye una inhabilitación de cinco años y el pago de una indemnización al Ayuntamiento trujillano.

Las declaraciones de Alberto Casero

A la salida de la audiencia en la que se cerró el acuerdo, Alberto Casero ha afirmado que, aunque no está satisfecho con la situación, acepta lo que hay. El ex alcalde ha manifestado que dudó en alcanzar un acuerdo debido a que considera que pudo cometer errores administrativos, pero niega haber actuado de mala fe ni haber recibido beneficios económicos personales. Casero ya se encuentra retirado de la vida política, habiendo presentado su dimisión como diputado nacional el mismo día que fue imputado.

El riesgo de prisión y las acusaciones contra Alberto Casero

Con este acuerdo de condena, Alberto Casero evita el riesgo de ingresar en prisión, ya que la Fiscalía solicitaba hasta ocho años de cárcel para él. Además, se le exigía una indemnización al Ayuntamiento de Trujillo de 70.000 euros y una inhabilitación de dos décadas. Según la acusación, Casero habría concertado contratos sin cumplir las formalidades requeridas por la normativa aplicable en cada caso. Estos contratos incluyen la contratación de un psicólogo para víctimas de violencia de género, el patrocinio de premios, un convenio con la Cámara de Comercio de Perú y la organización y promoción de una feria internacional del queso. Casero renunció a su acta de diputado nacional y a su condición de aforado tras recibir la imputación.