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No estoy de acuerdo. La amnistía no iba en el programa del Partido Socialista, y un tema como este, de tanta trascendencia política y jurídica, así como de tantas connotaciones sentimentales, no puede aflorar en el trance agónico de conformar una mayoría parlamentaria. Es preocupante que una medida tan importante como la amnistía se haya aprobado sin el respaldo directo de los ciudadanos.
Yo no diría miedo, sino preocupación. Miedos, los justos. Y no es la derecha la que provoca esta preocupación por una amnistía que muchos ciudadanos percibimos como moneda de cambio de la investidura, y antesala de un “derecho a decidir” al que se maquillará con “oficio”. Todo ello en un proceso que, partiendo del justo reconocimiento de la plurinacionalidad de España, cristalizará en una especie de confederación y desembocará en el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Es necesario analizar todas las implicaciones y consecuencias de esta medida antes de aceptarla como algo positivo.
Cierto que la amnistía no provocará la inmediata destrucción de España, porque esta no la causarán los separatistas, que carecen de fuerza para ello. Sin embargo, creo que España se está suicidando al debilitar la defensa de su unidad. La izquierda, al pactar con los separatistas, ha puesto en peligro el concepto de España como un espacio de solidaridad primaria en el que todos los españoles son iguales. Sin la izquierda, que ha sido defensora de esta idea, no será posible mantener la unidad del país. Es importante reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de esta amnistía.
Cierto que, en política, se precisan habilidad y destreza para ejercerla. Sin embargo, estas habilidades no deben usarse para engañar a la población. No se puede hacer pasar galgos por podencos. Es necesario que la amnistía sea articulada de manera transparente y justa, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Discrepo. A mi juicio, estas sentencias del Tribunal Constitucional fueron dictadas para admitir las reclamaciones de colectivos no amparados inicialmente por la ley de Amnistía de 1977. Estos colectivos invocaron la amnistía como una medida de gracia para enmendar los efectos de la aplicación de una ley del régimen anterior que se consideraba contraria a los principios del nuevo orden político. No se puede tomar el respaldo del Tribunal Constitucional como una justificación absoluta de la amnistía actual.
Es la idea que vertebra el dictamen pro parte alumbrado por seis voluntariosos académicos para dar legitimidad, como perejil, a la amnistía horneada por el Gobierno. Pero no hubo tal dureza, sino el debido cumplimiento de la ley, que fue aplicada con todas las garantías procesales en un juicio ejemplar, que honra a la judicatura española. Los jueces asumieron con determinación y prudencia la defensa del Estado, ante la vergonzosa actuación del poder ejecutivo, que será un eterno baldón para quienes entonces tan mal lo ejercieron. Es importante reconocer el trabajo de los jueces y no utilizar la amnistía como una forma de cuestionar su labor. En conclusión, esta amnistía plantea muchas dudas y preocupaciones en cuanto a su legitimidad y sus consecuencias para la unidad de España. Es importante que se analicen a fondo todas las implicaciones de esta medida antes de aceptarla sin cuestionamientos. El futuro de España está en juego y es responsabilidad de todos garantizar su estabilidad y cohesión.
