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La ley de amnistía propuesta por el PSOE, ERC y Junts beneficiaría a aproximadamente 300 personas vinculadas al movimiento independentista catalán, así como a 73 policías nacionales involucrados en las cargas y la contención de las protestas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, la amnistía no cubriría casos ajenos al independentismo, como la condena a Laura Borràs por trocear contratos o las investigaciones a la familia Pujol por corrupción política.
La amnistía abarcaría los actos relacionados con la consulta de Cataluña en 2014 y el referéndum de 2017, incluyendo los actos preparatorios, las acciones de protesta y la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo. Esto significa que representantes políticos como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, así como ciudadanos encausados por el procés, podrían beneficiarse de la ley. Sin embargo, aquellos condenados por delitos de terrorismo con sentencia firme no estarían incluidos en la amnistía. La ley de amnistía propuesta permitiría a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras dejar de estar inhabilitados y podrían presentarse a las elecciones catalanas de 2025. También abriría la posibilidad de que Puigdemont regrese a España después de seis años como prófugo de la justicia. Otros beneficiarios de la amnistía incluirían a los directores de colegio que abrieron los centros para votar en el 1-O, los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, y los encausados por los disturbios tras las condenas por el procés en 2019. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley podría tardar meses debido a su tramitación parlamentaria y podría ser bloqueada por recursos al Tribunal Constitucional.
