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El Colegio de la Abogacía se ha negado a firmar un comunicado con el fiscal general, mostrando así su desacuerdo con la forma en que se está manejando el escándalo de la filtración contra Ayuso. Esta decisión refleja la independencia y autonomía de la institución en la defensa de los intereses de sus miembros.
Álvaro García Ortiz ha sido señalado por dar la orden de divulgar las conversaciones secretas con el novio de la presidenta madrileña. Esta acción ha generado controversia y ha puesto en entredicho la ética profesional en el ámbito legal, generando un debate sobre la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y sus clientes.
La reunión entre el fiscal general del Estado, el decano del ICAM y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española busca encontrar una solución al escándalo y restaurar la confianza en el sistema judicial. Se espera que este encuentro genere acuerdos y medidas para prevenir futuras filtraciones y proteger la integridad de la profesión legal.
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