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El Defensor del Pueblo se queja de la escasez de psiquiátricos penitenciarios y alude al caso de Noelia de Mingo

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Defensor del Pueblo se ha quejado en su informe anual de la escasez de centros penitenciarios que estén específicamente ideados y creados para dar respuesta a internos con problemas mentales, afirmando que se dan casos de personas inimputables que salen libres pero que “deberían permanecer en prisiones ordinarias ante la falta de recursos para su control”.

Uno de los casos más recientes lo protagonizó en septiembre de 2021 la doctora Noelia de Mingo, quien mató en 2003 a tres personas en el Hospital Fundación Jiménez Díaz y fue condenada a 25 años en un centro psiquiátrico por padecer esquizofrenia.

En octubre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid sustituyó el régimen interno de Noelia de Mingo por tratamiento ambulatorio y custodia familiar quedando a cargo de su madre, de 81 años. Pero en septiembre de 2021, apuñaló a una cajera de un supermercado y a una farmacéutica, siendo detenido poco después.

El informe recalca que en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto la necesidad “acuciante” de que el sistema de salud a nivel nacional conceda a la salud mental y a los trastornos relacionados con ella la importancia que requieren.

“Se trata de dar a esta problemática la cobertura sanitaria y económica suficiente para que las dolencias derivadas de ella sean atendidas en igualdad de condiciones que otras patologías. Esta realidad es extrapoladle al ámbito penitenciario, donde proliferan los casos de personas que padecen enfermedades o trastornos mentales que dificultan en gran medida su proceso de adaptación a un mundo hostil como es la prisión”, recoge el documento.

Con frecuencia, según el informe, “la principal dificultad que presenta brindar una adecuada atención a estas personas, dentro de un establecimiento penitenciario, es la derivada de la ausencia de un diagnóstico claro y preciso sobre su enfermedad, dando lugar a que sean consideradas como simples inadaptados”.

En este punto, destaca la importancia de que la Administración penitenciaria busque alternativas a la aplicación de la potestad sancionadora sobre estas personas, “tratando de encontrar medidas que se consideren menos gravosas y que den una verdadera respuesta a su situación”.

El Defensor recuerda que se producen casos de personas que han sido absueltas por ser inimputables a consecuencia de su enfermedad pero que, sin embargo, “deben permanecer físicamente en un centro penitenciario de carácter ordinario, ante la falta de otros recursos y medios”.

Actualmente, en el panorama penitenciario del ámbito competencial del Ministerio del Interior, se encuentran únicamente dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, el de Sevilla y el de Fontcalent, en Alicante, con “las dificultades que eso puede conllevar para las familias que pretendan desplazarse para comunicar con sus allegados internos en esos centros”.

Esta institución aboga por la creación de alternativas arquitectónicas y regimentales que sirvan para atender adecuadamente las exigencias derivadas del tratamiento individualizado de las personas con enfermedad mental.

También apuesta para que se “aúnen los esfuerzos para conseguir que el proceso de evaluación de una persona con estas características sea lo más eficiente posible”.

“La Administración deberá analizar en profundidad las carencias y deficiencias de que adolecen los modelos psiquiátricos de los que ya disponemos, para proponer mejoras que permitan la creación de un proyecto, que atienda de forma integral las necesidades de las personas con enfermedad mental y que consiga una mejor asistencia integral”, concluye.

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Redacción Prensa
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