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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Efectos Jurídicos y Ley de Organización del Efecto Judicial

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Llop asegura que ambos textos suponen un paso sólido hacia una Justicia más “eficiente, ágil y sostenible”

MADRID, 12 de abril (Diario Europeo) –

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de Eficacia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficacia Procesal que, según la fiscal general Pilar Llop, supone un impulso a los pilares del Plan Justicia 2030 y constituye un paso sólido hacia una “más eficiente, ágil y sostenible”.

“Hoy tengo el honor de presentarles este paquete de medidas”, dijo la ministra, para luego subrayar que ambos proyectos tendrían un “impacto directo” en la conexión de los ciudadanos con la Justicia. “Todos seremos capaces de percibir estos cambios”, dijo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Llop ha explicado que la nueva Ley de Eficacia Procesal proporciona un “modelo de adecuación, eficiencia y sostenibilidad del sistema” para que la Justicia funcione “como motor de cohesión social”. A su juicio, “contribuye a la calidad de la democracia y ofrece las soluciones más flexibles y reguladas”.

Respecto a la Ley de Eficacia Organizacional, dijo que es una forma de que los ciudadanos dejen de sentirse “solos” ante la Justicia. Según dijo, la Administración Pública llegará al pueblo y las “brechas” territoriales, sociales y tecnológicas se cerrarán a través de tres números básicos. En concreto, consultó a los juzgados de primera instancia, despachos judiciales y despachos judiciales de las ciudades de gestión central.

ACCESO A LOS CIUDADANOS

El ministro explicó que con esta nueva ley habrá un tribunal de juicio en cada partido judicial ubicado en la capital. Pretende, por tanto, simplificar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, ya que existe un único tribunal y no diferentes tribunales. También se espera priorizar la especialización y brindar más flexibilidad a los funcionarios judiciales.

Asimismo, se completará el proceso de establecimiento de órganos judiciales en todo el territorio nacional. Según Llop, se tratará de una ventanilla única de acceso a la Justicia para los ciudadanos con el objetivo de mejorar los servicios para los usuarios y para los propios profesionales.

Además, pretende favorecer las obras de deslocalización con transformación digital, que -como ha subrayado Llop- permitirán reducir la huella ecológica.

LOS CURSOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA PAZ

En el marco de la conferencia de prensa, Llop también explicó que con la nueva normativa, los juzgados de paz se convierten en sedes del Poder Judicial en las ciudades directamente dependientes del gobierno central con el objetivo de solucionar el declive poblacional en las zonas rurales y llevar la ciudadanía servicios más cerca de la ciudadanía.

El Ministro ha dispuesto que en las oficinas de Justicia puedan celebrarse audiencias telefónicas, actuaciones judiciales o conexiones por videoconferencia con colegios profesionales, entre otras actuaciones administrativas.

En el proceso de integración con el nuevo modelo organizacional de los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Justicia, las nuevas Oficinas Judiciales en las ciudades aprovecharán los recursos humanos que actualmente laboran en los Juzgados de Paz, aumentando el personal en las causas. necesitaba y trajo todas las herramientas proporcionadas por la nueva tecnología para proporcionar nuevos servicios.

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Por su parte, como señaló el Ministro, la Ley de Eficacia Procesal pretende agilizar el funcionamiento del Poder Judicial en términos de estructura, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia sostenible. Para ello, se compromete a la utilización de medios apropiados de solución de controversias (MASC) y la reforma del derecho procesal. Por parte del Departamento, confían en que estos medios de resolución reducirán los litigios y la sobrecarga de los tribunales.

La norma establece un requisito procesal en los procesos civiles y comerciales. En este sentido, es necesario intentar una solución de consenso antes de presentar una demanda. Las partes podrán satisfacer esta solicitud mediante negociación directa, dictamen de expertos independientes, mediación, mediación u oferta vinculante confidencial.

También revisa la imagen de los servicios de comunicación de resolución de conflictos apropiados para informar a los ciudadanos y operadores legítimos de la naturaleza, contenido, efectos del uso y recursos disponibles, así como asistir a las distintas autoridades judiciales con capacidades de asesoramiento en resolución de conflictos. un caso específico para una actividad de negociación.

Por ello, Llop ha subrayado que estos medios de resolución de conflictos permitirían “asegurar mejor los derechos de los ciudadanos a través de medios menos costosos y lentos”. “Este es un cambio de una cultura de litigio a una cultura de acuerdo”, dijo.

QUE MODIFICA LA LEY DE CIVIL Y LIBERACIÓN CIVIL

El proyecto de ley también prevé las medidas necesarias para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, modifica la Ley que regula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración Judicial, teniendo en cuenta la regulación completa elaborada en el Proyecto de Ley de Eficacia Digital del Servicio Judicial.

En cuanto a la revisión de las leyes procesales, la nueva norma introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Jurisdicción Administrativa-Interna. El objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procesos judiciales.

Así, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha incorporado en su totalidad el uso de las nuevas tecnologías, al tiempo que fortalece las garantías para la aplicación de las nuevas tecnologías.

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de mediación de la vida familiar y personal, como la declaración de personas en situación de desempleo a efectos de los procedimientos del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos.

A su vez, considera interrupciones de plazos o suspensión de procedimientos, que deberán tener en cuenta nuevas designaciones, por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la industria de contratación o de la abogacía, tales como nacimiento y cuidado de menores, enfermedades y accidentes graves, muerte de un ser querido en segundo grado de asociación o implicación o baja por enfermedad.

Con la reforma a la Ley de Regulación de la Jurisdicción Interna-Administrativa, se introdujeron mejoras técnicas en la regulación sobre la falta de competencia y capacidad, con el fin de evitar dilaciones innecesarias; se establece la obligación del funcionario de relacionarse con la Administración Judicial por medios de telecomunicaciones o electrónicos; se agilizan los procedimientos abreviados y se acortan los plazos de los procedimientos intermedios.

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Redacción Prensa
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