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El Gobierno asegura que la Abogacía del Estado no se opone a la sentencia del TSJC contra el 25% de castellanos en clases

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MADRID, 27 de junio. (EUROPA PRESIÓN) –

El Gobierno ha asegurado que la Abogacía del Estado “no tiene objeción” a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña que obligaba a la Generalitat a establecer un mínimo del 25 por ciento de castellano en el sistema educativo catalán.

Así lo planteó el Comité Ejecutivo en respuesta a una pregunta presentada por el Grupo Parlamentario Popular durante el Congreso de los Diputados, a la que accedió Europa Press, sobre la sentencia que obligaba a Cataluña a impartir al menos el 25% del horario escolar en castellano.

El Gobierno afirma que la competencia para ejecutar el laudo corresponde a la Sala de lo Interno-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sobre esta base, añadió que la Dirección General de la Administración del Estado “prestará la colaboración que requieran los jueces y tribunales contencioso-administrativos para la oportuna e íntegra ejecución de la resolución, de conformidad con las atribuciones y competencias del ordenamiento jurídico”.

La sentencia establece la obligación de la Dirección General de Cataluña de adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar en el sistema educativo de Cataluña una normalidad en los medios de transporte utilizando las dos lenguas oficiales de acuerdo con lo establecido en la ley. juicio, tanto en porcentajes mínimos como en contenido, para evitar usos simbólicos o redundantes. El uso debe ser recomendado al grupo de estudiantes.

En este sentido, el Gobierno ha explicado que el fundamento jurídico tercero de la Sentencia reconoce un alto grado de reconocimiento a la propia Dirección General de Cataluña y a los centros educativos en supuestos como el estado de normalización de las respectivas lenguas oficiales según la web o mezcla de medios de la tercera lengua.

Tras quedar firme la Sentencia, por orden de diligencia debida del Tribunal Superior de Justicia, se puso en conocimiento de la Abogacía del Estado el resumen presentado por el Consejero de Educación del Departament General de Catalunya sobre las medidas que se están aplicando en la ejecución de las sentencias.

“Sin embargo, en la resolución de ese procedimiento no hay plazo para los cargos de la Administración del Estado, por lo que no se ha presentado ningún escrito”, precisa el Gobierno en su respuesta, que añade que concurrentemente por diversas personas u organismos, se instó a la Ejecución. , entre ellos la Asociación por una Escuela Bilingüe.

En todos los apartados de ejecución de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo afirma que se ha informado al Juzgado de la legitimidad del demandante, así como de la necesidad del Juzgado de evaluar la conformidad del peticionario. oa propuesta del Director General de Cataluña.

Asimismo, se solicitó al Consejero de Educación de la Dirección General de Cataluña que, en un plazo máximo de 15 días, emita directrices y establezca garantías sobre el control e impactos que ello tiene en el sistema educativo de Cataluña. el alumno recibe instrucción inmediata y eficaz mediante el uso medio habitual de las dos lenguas oficiales en un porcentaje definido, que no puede ser inferior al 25% en uno y otro caso; el uso deberá incluir, al menos, la instrucción en el mismo idioma y de otra materia o materia de carácter medular o similar, y comunicar al tribunal que finaliza el nuevo plazo de ejecución de conformidad con la ley, los baremos que se hayan adoptado y el grado de cumplimiento por sí mismos.

Y, por separado, el Gobierno señala que el Defensor del Pueblo de la Educación Superior ha sido requerido para verificar el cumplimiento de las partes efectivas de las sentencias dictadas en estas acciones educativas de todo el sistema educativo de Cataluña, informando al Tribunal de la actuación practicada y de la situación constatada en el final del período de implementación especificado.

Por último, el Ejecutivo destacó que la Abogacía del Estado “no ha recibido ninguna instrucción del Gobierno de España respecto a estas actuaciones”.

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Redacción Prensa
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