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El gobierno evita trazar líneas rojas para la negociación de la Ley Secreta, que incluye un plazo de 50 años

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Robles acepta que negociar con otras partes puede modificar el año de clasificación o la “naturaleza del asunto”.

MADRID, 4 de agosto (EUROPA PRESS) –

El Gobierno evitará trazar líneas rojas en la negociación parlamentaria de una nueva Ley de Información Clasificada que sustituya a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 e insiste en su llamamiento a reforzar en la medida de lo posible el consenso, por lo que el Gobierno está dispuesto a negociar aunque sea un límite temporal de 50. años para la desclasificación de los documentos más secretos.

El proyecto de ley aprobado este lunes por el Consejo de Ministros marca un plazo máximo de 65 años durante los cuales se puede mantener la información en secreto. Específicamente, para documentos de alto secreto con un plazo de 50 años, se puede extender por otros 15 años; la información confidencial será por 40, más diez prórrogas; la confidencialidad de siete a diez años y el límite de cuatro a seis.

Estos plazos, además de crear el carácter de un organismo encargado de decidir sobre la desclasificación dentro del Departamento Presidencial, han recibido críticas de toda la oposición, comenzando por Unidas Podemos, socio de gobierno.

Por eso, desde el ala socialista del Ejecutivo se han repetido esta semana mensajes recordando que es solo el primer paso de la Ley y que hace falta llegar a un texto final que satisfaga a la mayoría de los círculos políticos para que perdure. Futuro.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comentó en una entrevista con Europa Press: “Es una ley absolutamente necesaria, la tenemos escrita desde 1968, es un requisito de la OTAN y los ciudadanos también tienen que conocer el calendario de su propia historia”.

En este sentido, Robles rechaza cualquier debate sobre la autoridad que la Ley otorga a cada Departamento y afirma que es importante basar un texto en el franquismo para facilitar la comprensión de los hechos relacionados con la historia de España.

Destacó especialmente el caso de los GAL, en el que participó directamente como Secretaria de Estado de Interior en la década de 1990. Documentos como estos hacen referencia a los GAL. O al 23-F”, admitió.

MODIFICAR EL AÑO O LA NATURALEZA DEL PROBLEMA

Por ello, no se cierra para que el debate en el Congreso pueda reducir el tiempo requerido para la desclasificación de estos documentos, ya que, en el lenguaje actual, aún quedan dos décadas de información sobre los GAL. “Por eso tiene que haber alguna modificación en el trámite del Congreso que puede provenir de la cantidad de años o de la naturaleza de algún asunto”, aceptó.

Robles destacó que el texto legislativo debe conjugar la seguridad nacional con el derecho de los ciudadanos “a conocer su historia”. Y subrayó que “lo más importante” es que se logre “el máximo consenso del Congreso”. “Estoy segura de que se mejorarán todos los avances que quedan en este Anteproyecto de Ley y en el Parlamento habrá todo tipo de reformas que lo mejorarán”, subrayó.

Sin embargo, dijo que aún no ha tenido contacto con la oposición y que no ha hablado con nadie del Partido Popular para solucionar el tema, a diferencia de otras veces en temas relacionados con la Defensa Nacional. En cualquier caso, está “segura” de que los ‘populares’, “como partido de Estado”, harán su aportación como el resto de partidos para llegar a un texto “con una gracia llamada futuro”.

“Lo que tiene claro el Gobierno es que es una Ley absolutamente imprescindible, necesaria, que no podemos seguir una ley francesa y que debemos tener un modelo equivalente con otros países de la Unión Europea. Europa y la OTAN”, zanja.

“TODO ES IMPOSIBLE”

El mismo mensaje transmitió el miércoles de esta semana la ministra de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien reconoció que los plazos de desclasificación en el Anteproyecto eran los marcados en el Consejo de Ministros pero “todo es negociable” y es probable que las negociaciones parlamentarias modificarlos.

En cualquier caso, ha subrayado que su aprobación era “absolutamente necesaria” ya que se trata de una de las pocas leyes supervivientes del franquismo y “hay páginas en la historia de España que la sociedad en su conjunto debería conocer”.

Aun así, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, calificó estos plazos de “razonables” cuando presentó el proyecto tras su aprobación en Consejo de Ministros. Según explicó, hay países en Europa que no marcan un plazo para la publicación de este tipo de material, como Dinamarca, Francia, Italia o Bélgica; mientras que en Suecia se establece en 70 años, y en Alemania en 30 para top secret, secret y secret.

Alternativamente, la información se puede clasificar en función de eventos futuros ciertos o previsibles, como el final de la guerra o la muerte de una persona.

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Redacción Prensa
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