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El juez de ‘Púnica’ se niega a seguir ‘retrasando indebidamente’ la investigación sobre la supuesta ‘caja B’ del PP de Madrid

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Dijo que era inapropiado “retrasar aún más” un período de espera que “causa un daño sustancial” a los investigados.

MADRID, 22 de septiembre (EUROPA PRESS) –

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado del ‘caso Púnica’, se negó a seguir “retrasando indebidamente” la investigación sobre la supuesta ‘B-box’ del PP de la Comunidad de Madrid, recordando que este “viejo mando” no se puede extender “sin die”.

Tras un auto de 9 de septiembre del año pasado, al que tuvo acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Orden 6º desestimó los recursos de reforma presentados por el Ministerio Fiscal y la representación del PSOE donde se requería juez. más tiempo para que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega “haga público el documento que prometió”.

En concreto, el Ministerio de Fomento solicitó un “nuevo plazo” para que ‘El Rata’ estudiara “los documentos aportados para el caso”. Asimismo, la Fiscalía recomienda que se entregue un ordenador personal al exalcalde, que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Madrid V.

Por su parte, los socialistas no entienden “la velocidad que quieren marcar en la instrucción coyuntura final”. “Como ha señalado la Fiscalía en otro caso, la inacción y la prisa parecen trazar líneas rojas que podrían blindar al Partido Popular y a sus líderes, en este caso el expresidente de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular en esta comunidad autónoma”, señalan. criticado en su apelación.

El informe que Ortega elaboró ​​desde prisión trata sobre las irregularidades que denuncia en el Mercado Puerta de Toledo, una parte separada de la trama ‘Púnica’ en la que se acusa al expresidente de la Comunidad Esperanza Aguirre.

“NO PERMITE UN AVISO ARTIFICIAL”

Sin embargo, el juez aclaró que “no corresponde posponer la ‘fase de investigación’ para esperar un informe elaborado por un sujeto de denunciante y testigo que retrasó o retrasó el cierre de la investigación. Aportar su testimonio sobre el asunto y causar un daño sustancial a otras personas bajo investigación”.

Según García Castellón, la aportación del citado documento “puede comprobarse en juicio oral si se abre juicio por tales circunstancias, por lo que las partes querellantes tienen derecho a utilizar los medios de prueba que estimen oportunos.

Sin embargo, esta cuestión “no puede confundirse con el permiso ilimitado y pecaminoso en la elaboración de dicho documento”, según el juez. Es imposible extender artificialmente un término ya controvertido para incorporar un documento no redactado.

Esta es la segunda vez que el juez se niega a darle a Ortega una nueva prórroga para hacer su informe, un balón de oxígeno ‘en realidad’ destinado a retrasar la conclusión de la investigación en la sección separada. tiene instrucciones para ser fijado oficialmente por el juez el 25 de enero.

QUEJAS DE ‘LA RATA’

Fue en abril de 2021 cuando ‘El Rata’ denunció ante el Juzgado “un presunto desvío de divisas a través de la empresa Mercado de Puerta de Toledo”, dependiente de la empresa pública IMADE. Señala más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por “obras aparentemente ficticias” -registradas como relaciones públicas, mantenimiento o pintura- por un importe total de 832.560 euros.

Estas revelaciones llevaron al juez a abrir una nueva sala, la número 13, para separarla de la sala número 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo las irregularidades denunciadas en el Mercado Puerta de Toledo durante las investigaciones por la supuesta base. Patrocinio ilegal del PP de Madrid.

GRANADA GENERAL

La 9 es la sección separada de mayor trascendencia en la ‘Púnica’ porque García Castellón intenta determinar si existe una ‘célula b’ en el PP de Madrid, utilizada para costear las campañas electorales de los constituyentes conservadores en 2007, 2008 y 2011 .

Las investigaciones comenzaron en 2014 tras destaparse una agenda del exsecretario general Francisco Granados, catalogado como ‘ringtonewriter’ de ‘Púnica’, en la que se podían leer unas siglas, correspondientes al patrocinador, junto a una cantidad de dinero.

En el primer golpe de la ‘Operación Púnica’, ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, por su presunta pertenencia a una trama corrupta que al menos desde entonces adjudicará contratos públicos por valor de 250 millones de euros. . 2012 en la Comunidad de Madrid.

Según el informe judicial, por un lado, los funcionarios políticos y administrativos otorgaron el premio ‘con el dedo’, por otro lado, los empresarios que se beneficiaron de este les pagaron comisiones ilegales lavadas a través de una red corporativa.

El posterior juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investigó todo el hecho hasta que, en 2015, dividió el caso para profundizar en los distintos delitos que observó.

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Redacción Prensa
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