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El PP insta al TC sobre las normas de la Generalitat “contra el uso del castellano en la docencia”

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Cree que el Gobierno viola la Constitución al no considerar el castellano como lengua de transporte en la educación en Cataluña.

MADRID, 29 de julio (EUROPA PRESS) –

El Grupo Popular presentó este viernes en el Congreso un recurso de inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones de las dos
Reglamento de la Generalitat de Catalunya “contra el uso del español en la enseñanza”. En su opinión, el Gobierno catalán viola la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua de transporte en la educación en Cataluña.

Tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimandas, anunciaron en mayo que recurrirían conjuntamente al Tribunal Constitucional la nueva ley catalana en las escuelas acordada entre el PSC, ERC, Junts y gente común.

En particular, el recurso presentado por el PP ante el alto tribunal afecta a los artículos 2 (ayd), 3.1 y 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022, por el que se establecen los criterios aplicables a la normalización de adquirir, aprobar, convalidar y modificar la idioma. proyectos de centros educativos, así como los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Uno de los motivos del recurso fue que tanto el Decreto como la Ley omitían cualquier referencia al castellano como lengua de los vehículos en la educación en Cataluña, en contravención de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la doctrina del Tribunal de Justicia en su sentencia de junio. Sentencia de 2010, según recoge un comunicado del PP.

En primer lugar, el recurso explica que el Decreto Ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 86 de la Carta Magna, porque no hay base para permitir el uso de esta norma para exigir demanda extraordinaria y urgencia, además a exceder los límites establecidos en el Reglamento para el uso de dicha herramienta de gestión.

CONSIDERANDO LA “GESTIÓN” PARA EVITAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

El GPP considera que la justificación de la Generalitat para utilizar el Decreto Ley, alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023, es inválida, argumentando que “de hecho, la urgencia que el Decreto de Predicación pretende cubrir para evitar el cumplimiento inmediato de las se ha planteado la sentencia del TSJ de Cataluña 201/2020 relativa a un incidente de ejecución que obliga a la Generalitat a ejecutarla”.

El recurso agregó que pretende construir la norma diciendo que en un caso de “sentencia legalmente inejecutable, y que” la necesidad extraordinaria y urgente surge únicamente de la urgencia de tener un derecho a la justicia. El instrumento normativo permite combatir este “legal”. inejecutable dentro del plazo procesal de la causa de ejecución de sentencia”.

En cuanto al artículo 2.d de la Ley de Decretos, se demuestra que vulnera varios artículos de la Constitución y el 64 del Estatuto de Autonomía, y se dirige directamente a evitar el cumplimiento de una sentencia contenida en la sentencia y auto de ejecución. .

Asimismo, se impugnan el artículo 2 del Decreto y el 2.1 de la Ley por suprimir por completo cualquier referencia normativa al castellano como lengua de enseñanza de los vehículos en Cataluña, cuando por constitución se deben reconocer dos lenguas cooficiales como medio de transporte . Además, en las mismas disposiciones de esta normativa, el uso del catalán como lengua normal en la admisión de estudiantes, por lo que el catalán puede sustituir y excluir completamente al castellano.

Otros motivos de recurso se centran en que la referida normativa vulnera las disposiciones constitucionales relativas a la autonomía de los centros garantizada por normas básicas del Estado y con alta fiscalización como potestad exclusiva, además de la potestad del Estado que regula el uso de la palabra castellana.

CONTROLES LEGALES REQUERIDOS

En cuanto a las disposiciones del Decreto y de la Ley, que señalan que el órgano encargado de la educación asume y verifica la legitimidad de los proyectos lingüísticos para los cuales está vigente, cabe destacar que violan el artículo 106 de la Constitución, que dispone que la controles judiciales. autoridad y legalidad de la acción administrativa.

En otras palabras, ningún departamento, organismo o unidad administrativa puede asumir ningún control o responsabilidad por sí mismo por cualquier acto realizado en el ejercicio de sus facultades. “Y ninguna acción u omisión administrativa puede estar exenta del control judicial”, agrega el recurso del Grupo de Difusión.

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Redacción Prensa
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