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Están luchando para señalar qué partes parecen haber mentido, en su opinión, al comité y quiénes terminarán en la cárcel o recibirán multas.
MADRID, 19 de diciembre (EUROPA PRESS) –
El PSOE, Unidos Podemos y sus habituales aliados en el Congreso están trabajando en un comunicado conjunto de la investigación que lleva a cabo la comisión encargada de identificar las responsabilidades políticas de la ‘Cocina’ y lo hicieron con la convicción de que el PP estaba utilizando fondos públicos y miembros de la Fuerza de Seguridad para espiar a su ex tesorero Luis Bárcenas.
Tras la comparecencia el pasado lunes del ex primer ministro Mariano Rajoy, la comisión concedió a los distintos miembros tan sólo una semana para presentar sus respectivas propuestas y llegar a una conclusión.
Una vez inscrito, el organismo que preside el partido socialista Isaura Leal se reunirá el miércoles para adoptar un documento que en 2022, cuando comience la nueva sesión, se someterá a la aprobación del Pleno.
Según han informado a Europa Press fuentes del Congreso, en los últimos días se han producido conversaciones e intercambios de documentos entre el PSOE y Unidos Podemos y sus aliados independentistas y nacionalistas, con el fin de llegar a un consenso sobre un documento.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, cada grupo podrá presentar su propio texto y sin embargo, siempre existe la posibilidad de que posteriormente se presenten votaciones individuales sobre asuntos ajenos al documento conjunto determinado.
Actualmente, el informe conjunto en el que estamos trabajando concluye que hubo un uso ilegal del personal, instalaciones y recursos de la Secretaría de Gobernación, para apoyar los intereses políticos del PP y destruir las pruebas contra este partido en casos de corrupción.
Además, algunos grupos abogaron por indicar en la conclusión que aquellos que parecían ser de su opinión mintieron al comité.
Según el artículo 502.3 del Código Penal, toda persona que, citada ante la comisión investigadora de la Asamblea Nacional, “haga declaraciones falsas” será sancionada con entre seis meses y un año de prisión o multa de 12 a 24 meses.
Ha habido una serie de sesiones en las que varios portavoces se han corrompido aparentemente sin la verdad en respuesta a las preguntas de los fideicomisarios. Este fue el caso, por ejemplo, cuando el expresidente Mariano Rajoy negó que la Justicia reconociera la existencia de una ‘b’ en el Partido Popular.
Los que presentarán un solo texto serán ‘populares’, quienes siempre consideran esta investigación un “juicio muy sumario” e “interrogatorio” contra su partido, que las conclusiones fueron escritas con anticipación y su objetivo era solo “raspar” el reemplazo representado por Pablo Casado.
El conjunto del Parlamento acordó abrir la investigación de ‘Cocina’ en octubre de 2020, pero la nueva comisión no se creó hasta el 22 de diciembre de ese año. Se cerrará apenas un año después con la aprobación de sus conclusiones.
Entre marzo y diciembre, cerca de 40 personas pasaron por el organismo, lo que, según las partes, podría arrojar luz sobre un complot supuestamente orquestado por el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas en busca de posibles indicios de implicación de líderes ‘populares’. en casos de corrupción.
Por tanto, se puede escuchar al principal afectado, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias; policías y ex policías afines, como el excomisionado José Manuel Villarejo y el exlíder de la Unidad Central de Apoyo a las Operaciones (UCAO) Enrique García Castaño, quienes asistieron dos veces; investigadores de la trama ‘Gürtel’, como Manuel Morocho; y otros personajes principales, como el que conducía para Bárcenas Sergio Ríos.
Numerosos líderes políticos también marcharon además de Rajoy, como el principal imputado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien fue su ‘número dos’ en el Ministerio de Francisco Martínez; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el exsuperintendente de Policía Ignacio Cosidó, que ha sido citado en dos ocasiones.