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El Supremo advierte al Defensor del Pueblo del CGPJ que no puede presionar a los jueces para que dicten sentencias

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Coincidió con un juez de Sevilla, al que el Defensor del Pueblo instó a resolver las cuestiones y advertirle de las consecuencias.

MADRID, 10 de mayo. (Diario Europeo) –

El Tribunal Supremo dio la razón al juez de la Audiencia Provincial de Sevilla y determinó que el Defensor del Pueblo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no podía presionar a jueces y magistrados para que dicten sentencias porque “este organismo no está facultado para intimidarlos”. .

El Supremo ha subrayado que una cosa es proponer, peticionar o recomendar y otra pedir a un juez que resuelva las cuestiones “en el menor plazo posible” y le ha advertido de la “responsabilidad” que puede derivarse de su “inactividad”. o “falta de diligencia”.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala Sexta de lo Contencioso-Administrativo-Doméstico estimó el recurso de casación de un juez contra el consentimiento de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y aprobó la actuación del Inspector. Servicio.

En concreto, en noviembre de 2020, el Defensor del Pueblo Delegado realizó una inspección virtual en la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla -de la que Gutiérrez es vocal- e instruyó al juez para que procediera “en el menor plazo posible” a dictar seis resoluciones. de la que fue ponente.

INVITACIÓN DE DESTACADOS

El juez ordenó dejar sin efecto el acuerdo por entender que -por “autoridades directas y explícitas de órdenes y órdenes expresas”- violaba funciones jurisdiccionales y fue dictado por una autoridad incompetente.

La Unidad de Investigación Criminal señaló que las comunicaciones forman parte de los contrapesos que realiza el CGPJ a través del Servicio Pericial para todos los tribunales y arbitrajes. Garantiza que no interfiere en la jurisdicción y que lo que pide es cumplir con su deber. Y subrayó que el juez puede o no cumplir y, en caso de no hacerlo, asumir “la responsabilidad que pueda derivarse de su inactividad o falta de diligencia”.

El Titular del Órgano de Control aprobó el comunicado y la Comisión Permanente del CGPJ confirmó la aprobación. El juez consideró oportuno acudir al Tribunal Supremo, donde coincidieron con él.

Así reveló su situación personal y de salud ante el Tribunal Supremo y recordó sus “perfectas” aportaciones durante sus casi 40 años de carrera, además de su “inusual hacinamiento” en la Audiencia Provincial de Sevilla.

APRENDE EN EL CURSO

En otras palabras, reprendió al Defensor del Pueblo por no tener en cuenta su “delicada” situación de salud o su “excesivo esfuerzo” en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, enfatizó que la función del Defensor del Pueblo no debe ser ordenar como se le envió, sino “atender el problema estructural de la Sección Cuarta a la que estaba adscrito”.

En 18 páginas, la Alta Corte aseguró que no había “duda” de que el Órgano Instructor estaba obligado a verificar y documentar una situación que los juzgados y tribunales constataron por sí mismos, que no les correspondía formular propuestas, recomendaciones o propuestas. y enviarlos a los jueces y magistrados.

“Ahora bien, una cosa es una sugerencia, petición o recomendación y otra muy distinta un requerimiento o una instrucción. Ser prudente en lo primero o en lo segundo requiere un análisis de los términos del Servicio. forma de expresión. Ha utilizado el factor determinante. No es lo mismo aclarar una discusión con un juez o magistrado que pedirle a la persona que le ponga fin”, enfatizó.

Por ello, la Sala subrayó que la comunicación de noviembre de 2020 dio lugar a la revisión “que no contenía una invitación, sugerencia, sugerencia u ofrecimiento sino una amenaza”.

En la resolución, en la que el juez Pablo Lucas fue ponente, el tribunal explicó que “la Defensoría del Pueblo no está facultada para manejar a los jueces y juezas de manera amenazante”.

Ha asegurado que “el corolario es la nulidad de la notificación de 13 de noviembre de 2020, el acuerdo del Defensor del Pueblo de 26 de enero de 2021 que la aprueba, y el acuerdo de la Comisión Permanente que confirma ambas”.

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Redacción Prensa
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