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El Tribunal de Cuentas admite la reclamación de Sociedad Civil Catalana por costas de ‘procedimiento’

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Dan veinte días a la Fiscalía para decidir si cumple o interpone una demanda

MADRID, 16 DE MARZO. (NOTICIAS EUROPEAS) –

El Tribunal de Cuentas ha decidido admitir la causa presentada por Societat Civil Catalana hace apenas un mes contra 11 exfuncionarios del Gobierno, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, por los costes de la ilegalidad Referéndum del 1 de octubre de 2017 y acción exterior de la Generalitat.

En nota de prensa del organismo de control, obtenida por Europa Press, se señala que la Segunda División del Ministerio Público también acordó elevar esta denuncia a la Fiscalía para que, dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación posterior, se indique si lo ha cumplido, o, en su caso, presentar una queja.

También acordó remitir la petición de la Asociación Civil Catalana a los once demandados, a los que la asociación reclamaba 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable. El Tribunal de Cuentas advirtió a los exfuncionarios que se realizaría un citatorio para responder tras el anuncio de la Fiscalía.

En la lista de imputados de Sociedad Civil Catalana también figuran los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Francesc Homs.

DIBUJO A LA OFICINA DE ABOGADOS

En su demanda, Sociedad Civil Catalana recurrió a la Fiscalía ya la Abogacía del Estado para que tomen medidas para recuperar el dinero supuestamente malversado.

La organización atribuyó 11 cuotas individuales a conceptos concretos que debían haber aprobado cuando estaban en sus respectivos cargos, aunque todos debían responder de forma colectiva y pequeña por un total de 5.309.807 euros. Atribuyen el coste de 3,3 millones de euros a Puigdemont; Por ejemplo, 2,5 millones para Junqueras y 1,8 millones para Mas.

La causa llega después de que el pasado mes de noviembre el Tribunal de Cuentas abriera un período de prueba contra los acusados ​​de las costas del referéndum ilegal de 2017 y de las costas de la acción exterior del Gobierno. Por el primer concepto, que supone el 1-O, la autoridad de control exige 4,1 millones de euros en un certificado de liquidación provisional emitido en 2020. Por el segundo concepto, exige 5,4 millones de euros.

Representantes de Societat Civil Catalana, que comparecieron en febrero ante el Tribunal de Cuentas con una denuncia de 114 páginas, manifestaron, y por ello dejaron constancia en el escrito, que no podía caer en la organización de su organización -“como público institución e institución de muy escasos recursos físicos y económicos” – el ejercicio de todas las responsabilidades contables derivadas de la actuación del Gobierno.

En su opinión, “las autoridades estatales y las instituciones estatales deberían tener la responsabilidad de perseguir y exigir el reembolso de todo el dinero malversado como resultado de la organización ilegal de la ley del referéndum del 1 de octubre”.

En este sentido, reiteran que fue la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y el SCC los que denunciaron los costes directos relacionados con el 1-O, “por lo que es razonable que ambos persigan el reembolso de la supuesta malversación”.

“Incluso creemos que la Abogacía del Estado ganará legitimidad indirecta al ser parte en un proceso penal ante el Tribunal Supremo, antes, junto con el Ministerio Fiscal, de remitir particulares y sentencia al Tribunal de Cuentas para su establecimiento y reclamación final por el importe total a desviarse”, agregaron.

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Redacción Prensa
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