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El Tribunal Supremo ordena al Ayuntamiento de Sevilla que informe sobre los inmuebles de titularidad pública exentos del IBI

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Transparencia requerida para ser informado sobre la causa y monto de esa prestación, pero no se protegen los datos del titular

MADRID, 12 de agosto (PRENSA EUROPA) –

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Ayuntamiento de Sevilla que facilite al Consejo de Protección de Datos y Transparencia de Andalucía “a la mayor brevedad” un listado de inmuebles de titularidad pública ubicados en la ciudad y que estén exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, conocido como IBI.

La Sala Superior de lo Contencioso-Administrativo-Interior resuelve, en sentencia consultada por Europa Press, estimar el recurso del Consejo de Transparencia de Andalucía y dejar sin efecto tanto las sentencias del TSJ andaluz como las de la Audiencia Séptima Continente de Sevilla, que argumentan deberían proteger por ley tales datos.

Para los jueces, “nada impide que” la Transparencia proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla a la información sobre el Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos locales o extranjeros radicados en Sevilla “gocen” de ese privilegio y “la causa de la revelación del interés, así como la cuantía exenta, en la medida en que no se trate de datos protegidos”.

En noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, a través del Departamento de Administración – Interior, rechazó el recurso del Consejo de Transparencia de Andalucía contra una sentencia de un tribunal sevillano que estimaba parcialmente los cargos presentados por el Ayuntamiento de Sevilla.

DERECHOS DE PROPIEDAD PROTEGIDOS

Tres años antes, el Consejo de Protección de Datos y Transparencia acogió parcialmente la petición del conservador de la asociación Andalucía Laica y convocó al consejo sevillano para que detallara los “bienes inmuebles exentos del pago del IBI” y “su domicilio, cuantía y causa legal de tal renuncia, así como la titularidad de dicha renuncia en el caso de que pertenezca a la dirección del Estado, comunidades autónomas y organismos locales.

El Juzgado de Interior número 7 de la capital andaluza ha anunciado que se anula la citada resolución del Consejo de Transparencia por no ser “adecuada a derecho”, ya que el artículo 95 de la Ley General Tributaria prevé un régimen especial que prohíbe la transmisión y comunicación a terceros. datos, según decisión del juez.

Según el artículo 51 de la Ley de Suelo, que contiene una sentencia de 18 de julio, también se protegen “los nombres, apellidos, denominaciones sociales, números de identificación y domicilios de las personas inscritas como propietarios, ya sean naturales o jurídicas”.

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Redacción Prensa
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