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La autoridad penitenciaria establecerá su propio régimen y podrá atenuarlo, entre otros, por razones de salud.
MADRID, 14 de septiembre (PRENSA EUROPA) –
El Tribunal Supremo (TS) ha anunciado este miércoles el veredicto que confirma la condena de seis años de prisión que la Audiencia de Sevilla impuso al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el ‘caso ERE’ por el delito anterior y malversación, le puso uno alejarse de la prisión. Ahora, los tribunales sevillanos decidirán cuándo debe ir a la cárcel y los Penitenciarios si merece alguna prestación.
La Sala de lo Penal del TS aprobó la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla el 19 de noviembre de 2019 al considerar que demostraba que Griñán tenía “conocimiento de la ilegalidad” de los criterios a seguir con los ERE, así como su “pasividad”. contra el “despilfarro y la arbitrariedad” con que se concedieron las ayudas: más de 700 millones en una década.
La Corte Suprema emitió el fallo el 26 de julio, pero no fue anunciado hasta el 14 de septiembre. Una vez completada la notificación de las 1.115 páginas de la sentencia (más 88 votos individuales firmados por dos de los cinco jueces), las Audiencias de Sevilla darán cuenta de sus asuntos a los condenados a prisión, incluido incluso a Griñán. Ir a la cárcel.
A partir de la notificación de la Audiencia de Sevilla, Griñán pagará el precio por el tiempo señalado en el auto con pena de prisión. Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que lo habitual es que le den diez días para hacerlo. El expresidente andaluz, como el resto de los condenados, puede elegir su propia prisión teniendo en cuenta la proximidad al domicilio por los antecedentes familiares, entre otros factores.
Una vez ingresados en prisión, la normativa de extranjería establece que los Organismos Penitenciarios evalúen si los condenados cumplirán su pena en un centro o serán trasladados a otro, según criterios de organización y seguridad.
El organismo dependiente del Ministerio del Interior también tendrá que decidir, según un comunicado del grupo técnico del panel de tratamiento, si los presos serán clasificados en segundo grado o en normal -lo más común-, pudiendo optar también por la venta de terceros. -Grado, libertad condicional o establecer intereses -a través del principio de flexibilidad del artículo 100.2- relacionados con materias como su estado de salud.
El estatuto de penitencia establece un plazo máximo de dos meses desde la fecha de recepción del testimonio de la pena de prisión. En el caso de clasificación en segundo grado, el recluso deberá esperar a haber cumplido la cuarta parte de su pena para poder solicitar un permiso de salida, que requiere autorización previa. En todos los casos, estas decisiones de la administración penitenciaria pueden ser apeladas por el Ministerio Público.
Durante los trámites de cualquier ingreso inicial, el interno es documentado y reconocido por el servicio médico, además de ser entrevistado por un equipo multidisciplinario de trabajadores sociales y psicólogos.Aprende a evaluarlo.
Las citadas fuentes jurídicas señalan que Griñán aún puede acudir al Supremo por dos diligencias concretas que no serán aplazadas: aclaración de sentencia, aclaración de “algunos conceptos oscuros” y “subsanación de cualquier error material” u “omisión”; y nulidad.
Fuentes cercanas a la defensa de Griñán han dicho a Europa Press que tienen previsto presentar este incidente de nulidad. La ley sólo permite que se construya violando derechos fundamentales y da un plazo de 20 días para hacerlo, contados a partir de la notificación de la sentencia. Este paso, indicando las fuentes del derecho antes mencionado, es necesario para su posterior remisión al Tribunal Constitucional (TC).
Una vez planteada la cuestión de nulidad por la misma Sala Segunda en el sentido de sobreseimiento, el expresidente andaluz puede facturar formalmente un recurso de defensa ante el TC, que la defensa ha adelantado que hará tras conocer la sentencia del Dr.
Este recurso de amparo tampoco suspende automáticamente su tiempo en la cárcel. Para ello, deberá solicitarlo explícitamente en su carta como medida de precaución. Y fuentes judiciales de fianzas consultadas por Europa Press señalan que muchas veces China no deja de ir a la cárcel cuando una condena ha superado los cinco años de privación de libertad, como es el caso aquí.
En una orden reciente del 16 de junio, China afirmó que esto es así porque las sentencias superiores a cinco años se consideran “severas”, aunque agregó que la ley constitucional también tiene en cuenta otros criterios como “la gravedad y la naturaleza de los hechos y los hechos procesados”. bienes jurídicos protegidos, su significación social”.
Con todo, la última carta que puede jugar Griñán para evitar la cárcel es la solicitud de indulto que su familia ha presentado al Departamento de Justicia, alegando razón humana, y que ahora deberá ser desechada, lo que resulta en un proceso promedio superior a los seis meses.