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MADRID, 11 de abril (Diario Europeo) –
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) demandaron a la justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, alegando que habían vulnerado sus derechos al “negarse a investigar” la actuación de España acusada de cometer el crímenes de Juan Carlos de Cornwhiskers”. Se solicita apoyo del Grupo Parlamentario de la Coalición Unidas Podemos.
En la demanda, apuntan al “carácter inequívoco” del Tribunal Supremo y de la Fiscalía. Según los formularios, no han dado a conocer “ningún resultado en más de dos años que han pasado sin proceder” desde que interpusieron una denuncia contra el rey emérito en diciembre de 2018, anunció este lunes en un comunicado de prensa.
Junto con la Abogacía de Izquierda y el Foro de Abogados, IU y el PCE alegan que la interpretación de inviolabilidad del Supremo referida al Honorable Rey “fue desestimada a lo largo de esos dos años y ligada a seguir interponiendo una denuncia”.
“Esta actuación tampoco merece el amparo del Tribunal Constitucional, que se introdujo en 2021, donde se han agotado las vías para que la justicia española investigue a Juan Carlos de Borbón”, ha dicho ambos, añade el partido, que notifica la presentación de la solicitud. en Estrasburgo dentro del plazo de seis meses establecido por el TEHD, desde la última demanda interpuesta por las autoridades judiciales del país de origen, en este caso TC no pudo acoger el recurso de amparo.
La necesidad -destacan en la nota- del apoyo de las organizaciones integradas en el Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Unión Común.
En cuanto a los demandantes, se ha vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), “al que España está obligada”, ya que el Tribunal Supremo “se refirió a espíritu transparente a toda costa sin necesidad de cautela”. “
Según Izquierda Unida y PCE, el Tribunal Supremo vulneró los artículos 6.1 y 13.1 del citado acuerdo europeo al presentar su denuncia, que aborda el derecho fundamental a las garantías judiciales y la protección judicial efectiva por un tribunal independiente e imparcial.
Entre otras razones, detallan que no se ha respetado la tutela judicial efectiva porque las actividades de la Fiscalía están “fuera” del sistema judicial, corresponden a uno institucionalizado. Su jerarquía y desarrollo están “vetados por la opinión pública” y no no permitir que ninguno aparezca.
En cuanto a los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo al interponer la querella y la Fiscalía por no investigar al rey emérito, los querellantes alegan que la justicia española “le otorgó una especie de inmunidad salvo para no ser sancionado por la comisión de ningún delito, lo que va en contra del derecho europeo”. “.
Aseveran: “La justicia española ha concedido al ex rey la potestad de castigar para que pueda cometer delitos contra una persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin incurrir en responsabilidad penal alguna”.
También citan una decisión reciente de un juez británico de continuar un caso abierto en el Reino Unido contra Juan Carlos I por el caso de su ex amante Corinna Larsen. “El Poder Judicial británico considera que no puede confiar en ninguna forma de inmunidad”, considera formas izquierdistas.
También en su carta, criticaron la actuación de los jueces que rechazaron su recurso en el Tribunal Supremo, “encabezados por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena”, de quien dijeron que era “clara hostilidad y enemistad”. Concluyeron: “De esta manera, una apariencia de ‘falta de objetividad’ es similar a la acción que llevó a España a ser declarada culpable por la justicia europea en otro caso”.
