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JJpD lamenta el “déficit” de la Vigilancia Penitenciaria a la hora de “arreglar” posibles “abusos” en las cárceles

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Aplicar con urgencia medidas “urgentes” en materia de atención de la salud de las personas en prisión

MADRID, 12 de abril (Diario Europeo) –

La Asociación de Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD) lamentó que el Poder Judicial de Control Penitenciario tenga un “déficit muy relevante” en cuanto a su función de “corregir” la posibilidad de “abusos y fechorías”. Posibles desviaciones en la ejecución del régimen penitenciario régimen”.

En un comunicado, obtenido por Europa Press, la asociación compartió las conclusiones de su comité de criminología ante las carencias de la Autoridad Administrativa y la Autoridad Penitenciaria. En particular, evaluó el contenido del derecho constitucional sobre el mandato judicial para investigar denuncias de tortura y malos tratos en privaciones de libertad, así como el Informe Anual del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura (Defensor del Pueblo) y el Informe 2020 de la Comisión Europea sobre la Prevención de la Tortura.

Así, se puede concluir que tras 40 años de entrada en vigor de la Ley de Organismos Generales Penitenciarios y del funcionamiento del Consejo de Supervisión del Estado, “no se ha minimizado el grado de oscuridad de las instituciones penitenciarias”, especialmente en algunos casos relacionados con régimen disciplinario.

“En esta conclusión se establece que el Poder Judicial que tutela la penitencia presenta un déficit muy relevante en cuanto a su función de corregir posibles abusos y desviaciones en la aplicación del régimen penitenciario. El delito tiene un aspecto especial”, señaló la comisión. .

En este sentido, ha destacado que los informes analizados -del Defensor del Pueblo y de la Comisión Europea- “obligan” a las autoridades públicas a tomar las medidas oportunas para mejorar la respuesta judicial a los citados abusos y desviaciones, “cumpliendo con las funciones que tienen encomendadas como garantes”. de los derechos fundamentales de la población privada de libertad”.

MEDIDAS “URGENTES”

En el marco del comunicado, la comisión de delitos de la JJpD manifestó su “preocupación” por los antecedentes de personas privadas de libertad. Según ha señalado, la mayoría “procede de la pobreza y la exclusión social, el 80% tiene drogadicción y casi la mitad tiene enfermedad mental”.

Ante esa situación, la asociación ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas que pongan fin a las “flagrantes infracciones” de la Ley de Coherencia y Calidad del Sistema Nacional de Salud, para que los servicios públicos puedan considerarse “de una vez por todas” la prestación integral de salud. atención a los presos.

Según ha denunciado, la población penitenciaria está recibiendo en estos momentos una “atención aislada, inadecuada y desigual al resto de la población”. Por eso, para Jueces por la Democracia, se trata de una “medida urgente y urgente”.

En la misma línea, también les llamó a impulsar “definitivamente” una “modernización” del sistema de respuesta al delito que tenga “otras alternativas a las penas de prisión”, como la “justicia restaurativa” en otros países.

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Redacción Prensa
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