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Marimar Blanco ha pedido que se prorroguen seis meses las investigaciones contra la cúpula de ETA
MADRID, 26 de julio (PRENSA EUROPA) –
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón admitió la comparecencia de María del Mar Blanco para realizar una denuncia privada en calidad de víctima en el supuesto de que investigaba la presunta implicación del líder de ETA en el secuestro y asesinato de niños. Concejal del PP en Ermua (Vizcaya) en julio de 1997.
El titular del 6º Juzgado Central Directivo la asentó como persona de dicha condición en una sentencia del pasado viernes, de la que dispuso Europa Press.
Según fuentes jurídicas consultadas, el diputado ‘popular’ en el Ayuntamiento de Madrid ha dado este paso para reforzar la acusación contra el exdirigente de ETA, ya que hasta el momento no ha habido acusaciones privadas -presentadas por las víctimas-, sino públicas. y la Fiscalía.
Su pedido coincide con una polémica surgida luego de que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, pidiera su destitución porque sus criterios diferían de los de toda la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con la prescripción de los delitos investigados.
Fuentes de la Fiscalía explican que González Mota ha observado formas de evitar la responsabilidad penal de los exdirigentes de ETA acusados del crimen, pero el Ministerio Fiscal mantiene el criterio de que los delitos han terminado y es válido para la mayoría, salvo para José Javier Arizcuren, ‘Kantauri’, porque fue acusado como entrenador un año antes de que expirara el plazo de prescripción de 20 años.
La propia Marimar Blanco, en declaraciones a esta agencia de noticias, se refirió acertadamente a la postura del Ministerio Público al decir que está “indignada” con la actitud que ha tomado el Ministerio Público, al que alega obligar a “dejar el trabajo”. en beneficio de las víctimas. del terrorismo”.
En la misma sentencia, García Castellón informó del informe recibido de la Fiscalía, que abogó por una ampliación de la investigación y pidió a las restantes partes que se posicionen antes de adoptar una decisión al respecto.
González Mota solicitó en un informe del 19 de julio una ampliación de la investigación, en medio de un debate interno en la Fiscalía de la AN sobre la prescripción que finalmente llevó a su sustitución por el fiscal Pedro Rubira, en la declaración prevista dos días después de que el exdirigente de ETA Miguel Albisu, ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparaguirre, ‘Anboto’.
En su informe argumentó que “medidas esenciales esperan aclaración”, donde hizo hincapié en tomar declaraciones de exdirigentes de ETA, sin prever que se puedan hacer en el actual periodo.
Marimar Blanco se adelantó a García Castellón al enviar una carta en la que quería ampliar seis meses la investigación, reiterando además que hay diligencias pendientes, como un informe de estado del Informe de la Policía Nacional, del que pueden derivar otras .
“Teniendo en cuenta tanto la complejidad de los hechos investigados como la naturaleza de las diligencias de investigación acordadas y no ejecutadas, puede resultar lógico y razonable acordar otra nueva diligencia”, reveló.
Fue el pasado mes de marzo cuando García Castellón accedió a reabrir la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco tras admitir una denuncia presentada por la Asociación por la Dignidad y la Justicia (DyJ).
La asociación dirigió cargos contra nueve jefes de organizaciones terroristas en el momento de los hechos: ‘Anoboto’, ‘Kantauri’, ‘Mikel Albisu’, Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’; Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’; y Asier Oyarzabal, ‘Baltza’.
El juez acordó llamar a investigar a los tres primeros y confirmó la prescripción de delito a ‘Iñaki de Rentería’, decisión que tanto el Ministerio Fiscal como PP y DyJ le han pedido que revoque. En cuanto a ‘Kantauri’, su declaración final espera el permiso francés.
Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó al exdirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y a su pareja sentimental y etarra Irantzu Gallastegui Sodupe, ‘Amaia’. , como el culpable.
En su sentencia, el juzgado aseguró que ambos “planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las instrucciones del líder de la organización terrorista ETA, el objetivo anterior más llamativo fue secuestrar a un concejal del PP”. a cambio de la liberación de los presos pandilleros que tenían acceso a las cárceles del País Vasco”.