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Juez en caso Pegasus admite otro cargo común pero descartará información reservada y de seguridad del Estado

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Abogados se oponen a admitir alegación de que hechos presuponen un ataque a la intimidad de Sánchez y sus ministros

MADRID, 8 DE JULIO. (EUROPA PRESIÓN) –

Los jueces de la Audiencia Nacional encargados de investigar las denuncias de espionaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con el programa Pegasus por teléfono a sus teléfonos móviles, reconocieron la surgimiento de la Asociación para la Prevención e Investigación del Delito, Abuso y Negligencia en la Informática Avanzada y las Comunicaciones (APEDÁNICA) como acusación común, y advirtió que esta Asociación retirará del caso toda información confidencial que afecte la seguridad del Estado.

En un auto de este mismo viernes, obtenido por Europa Press, el titular del Juzgado de Directivas Central número 4, José Luis Calama, ha fijado la exigencia de presentar personalmente una fianza de 10.000 euros para evitar abusos. o uso fraudulento de figuras procesales de acusación popular.

La decisión de admitir a APEDANICA llegó con criterio en contra de la Abogacía del Estado, al objetarla por entender que los hechos investigados suponían un atentado a la intimidad de las personas, que es un bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos.

La Fiscalía también objetó la comparecencia, argumentando que dicha asociación no tenía “interés legítimo en el caso” y alegando que podría ser “perjudicial para el desarrollo del procedimiento”.

AFECTOS PENALES AL “INTERÉS COMÚN”

Sin embargo, el juez dijo que el delito no solo afecta el derecho legal a la privacidad y el derecho a la libre determinación sobre la información, sino que también afecta el “interés común”. En ese sentido, agregó que los hechos van más allá del ámbito privado, como entendió el Abogado del Estado al presentar su denuncia en nombre de la persona del Presidente y el Secretario de Defensa, a quienes no ostenta el representante del sector privado, sino de la propia Administración del Estado.

Asimismo, Calama entiende que este sector privado se considera de paso porque ha presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de un delito contra “las altas instituciones de la Nación y la justicia penal oficial del Gobierno”.

Y que, para el juez, admitir la acusación generalizada no es incompatible con preservar datos relativos a la intimidad de los afectados por los hechos investigados.

Por ello, el juez advirtió que antes de participar en cualquier material, independientemente del soporte, “cualquier información relativa a la vida humana íntima, la seguridad del Estado o cualquier otro tipo de información ajena a la causa”.

En cuanto a las acusaciones de la Fiscalía, el juez explicó que el abuso de acción generalizado por parte de asociaciones, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones diversas, en ocasiones, la utilizan para fines privados ajenos a la Justicia, ha dado lugar a sucesivos proyectos de reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el alcance de dicho número.

Aun así, explica que “mientras no se apruebe una nueva configuración jurídica de dicha figura”, deberá “resolver su regulación existente en sus términos”. “Esto es requerido por principio legal”, agregó.

En este sentido, prosiguió, no corresponde a su Tribunal “investigar las razones que puedan encontrarse en el fondo de la interposición de la denuncia”. “No es óbice para que el presente instructor sólo reconozca las reclamaciones presentadas por cualquiera de las partes, cualquiera que sea su estado procesal, sea que su objeto tenga algún objeto” establecido en la ley, a lo que se negarán dichas actuaciones con propósitos futuros o falsificados son inapropiados o fútiles”, concluyó.

Esta es la segunda vez que el instructor reconoce la personificación de una asociación como acusación común. El 17 de junio, el juez abrió el caso a la Asociación Europea de Abogados Prolege, y también pidió que se pagara el dinero. Sin embargo, Prolege no ha logrado cobrar la cantidad fijada por el juez hasta el momento.

INFORME CNI

Calama inició una investigación el 26 de abril, señalando posibles cargos de descubrimiento y revelación de secretos, luego de que el Ministro de Defensa presentara una denuncia sobre la infección del teléfono móvil del Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, denuncia. amplió más tarde tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

En esa primera resolución, el instructor aportó detalles de la denuncia original interpuesta por la Abogacía del Estado, que, tras analizar los dispositivos móviles del Consejero Delegado, y la Secretaría de Defensa realizada por el CERT el pasado 30 de abril, “se ha conocido que han sido los objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ de spyware móvil, durante un período aproximado de mayo a junio de 2021″.

Los informes del Centro Criptográfico Nacional sobre los teléfonos móviles de Sánchez y Robles destacan que “el dispositivo móvil del Presidente analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)”, mientras que Robles será infectado en junio de ese mismo año. año.

En ambos casos, Calama obtuvo, los informes dicen que “se ha producido una filtración”, pero actualmente ninguno de los teléfonos tiene “signos conocidos de una infección Pegasus en curso”.

EN CRISIS CON MARRUECOS

La primera infiltración del móvil de Sánchez se producirá en medio de la afluencia masiva de 10.000 personas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021, lo que impulsa precisamente a Sánchez a visitar este lunes la ciudad, el municipio, así como Melilla, con la ministra de Medio Ambiente. Interior.

Además, el pasado 18 de mayo, cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, que había sido citada en el Ministerio de Asuntos Exteriores para protestar por los hechos de Ceuta. El mismo día, Sánchez se incorporó a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El segundo acto tendrá lugar cuando el Presidente esté acompañado por el Primer Ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre España-Polonia. Ese día, Marruecos emitió un comunicado, en el que indicaba que la crisis diplomática estaba alimentada por la postura del gobierno respecto al Sáhara, y no por la recepción de la dirección del Frente Polisario, Brahim Ghali.

En concreto, este último declaró el 1 de junio de 2021 imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Corte Suprema Nacional de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) petición por el delito de genocidio y pocas horas después voló de vuelta a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro del Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufriera dos ataques en el mismo junio de 2021. De los cuales, los primeros 4 megas fueron sustraídos y el segundo robado, una cantidad de información mucho mayor. , 6,3 gigas. .

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también podría identificar un intento de infectar el teléfono del titular del Departamento de Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido y también ocurrió en junio del año pasado.

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Redacción Prensa
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