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La APIF considera que la posición de la Fiscalía debe ser una que evite la sanción de delitos como el de Miguel Ángel Blanco.

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MADRID, 24 de julio (EUROPA PRESS) –

La Asociación de Fiscales Profesionales Independientes (APIF) defiende que la posición de la Fiscalía debe ser una que evite la sanción de delitos como el de Miguel Ángel Blanco.

“La posición de la Fiscalía debe ser la de entender la correcta interpretación de las leyes que tienden a evitar la sanción de delitos muy graves”, dijo este domingo la asociación.

El comunicado se ha dado a conocer tras una declaración judicial el pasado jueves de los exdirigentes de ETA Miguel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, a la que ha asistido un fiscal distinto del que lleva habitualmente el ‘caso de Miguel’. Ángel Blanco.

En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) negó este sábado haber recibido “instrucciones”, “de carácter menos político”, para valorar en qué medida se puede aplicar a determinados exdirectivos de ETA en el marco de una investigación que pretende determinar su implicación en el secuestro y asesinato en 1997 del joven concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

La APIF quiso entonces denunciar “el mal uso y la vulneración de los derechos profesionales de los fiscales cuya jerarquía de la Fiscalía está creando mecanismos de aseguramiento organizados internamente para formar criterios organizativos”.

La asociación reitera que el artículo 25.2 del Reglamento de Organización del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal comunicarán al Fiscal General del Estado los hechos relativos a sus funciones que, por su importancia o trascendencia, deba conocer. , en ese caso, se le dará un conocimiento más profundo”.

De esta forma, se supone que la comunicación sobre el hecho se dirige al fiscal general y no a otro fiscal, ya que la comunicación proviene del fiscal a cargo del caso: la jerarquía superior del caso, él es el vehículo para eso. . Por lo tanto, si se necesita una aclaración, “debe escuchar a la persona que lleva el asunto”.

Asimismo, la comunicación no implica expresión de duda o expectativa en una posición jurídica a seguir: si el Fiscal General del Estado cree que debe intervenir, debe hacerlo de oficio. La APIF también ha señalado que este sistema de comunicación jurídica “no puede flexibilizarse para obligar a un fiscal a adoptar una posición jurídica contraria a su opinión”.

Finalmente, la asociación cree que también se infiere de este artículo que el fiscal jefe de la Secretaría Técnica no tiene, salvo autorización expedita, autoridad jerárquica alguna sobre ningún fiscal en España con excepción de los que están directamente bajo su control, “pero sorpresivamente apareció en las últimas ocasiones en alguna situación de controversia interna dentro de la Fiscalía”.

CAMBIO DE PERSONA PÚBLICA

Fuentes fiscales indican que la Fiscalía de AN siempre ha mantenido el mismo criterio para estos casos reabiertos al poner en común comités ejecutivos o comités de ETA para valorar la prescripción de las etapas transcurridas desde la comisión del delito, salvo que hayan sido interrumpido por una indicación.

Las mismas fuentes subrayan que este es el criterio aplicado al ‘caso Miguel Ángel’, donde la acusación particular de Dignidad y Justicia (DyJ) ha elaborado una nueva doctrina que lleva a la conclusión de que los delitos no están regulados.

Como sabe Europa Press, el fiscal González Mota reveló a sus compañeros la posibilidad de explorar otras vías que pudieran ayudar a evitar la prescripción, aunque no contó con su apoyo, por lo que por ser él quien se desvió de los criterios generales, pidió se aclaraba el caso y se hacía, con lo que quedaba de él.

De todos modos, las fuentes mencionadas destacan que, con el tipo de procedimiento que nosotros mismos averiguamos, es posible reabrir para una investigación en profundidad. Será cuando terminen las investigaciones, en la etapa intermedia, cuando deba resolverse el tema de la prescripción.

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Redacción Prensa
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