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La Asociación de Fiscales pide a la Comisión Europea que actúe para frenar el ascenso de Delgado tras su destitución

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Consideran que el ascenso de Delgado a fiscal del Tribunal Supremo al término de sus funciones “supondrá una mayor politización institucional”.

MADRID, 20 (PRENSA EUROPEA)

La Asociación de Fiscales (AF) ha escrito al Alto Comisionado Europeo para la Justicia, Didier Reynders, pidiéndole que tome “medidas apropiadas” para evitar “socavar la independencia e imparcialidad de la Fiscalía”, lo que, a su juicio, cree la modificación incluida en la reforma de la Ley Concursal prevé que la secretaria de Estado, Dolores Delgado, sea ascendida a fiscal de la Sala alta del Tribunal Supremo tras su retiro del cargo.

Como se explica en una nota de prensa, obtenida por Europa Press, el objetivo de la carta es concienciar a la institución de alto nivel de Europa sobre la reforma propuesta y “llamarles la atención sobre el riesgo que supone para el Estado de derecho”.

Señalan que la carta está dirigida tanto a Reynders como a la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Unión Europea, Vera Jourová, y en ella expresan su profunda preocupación por el texto revisado, “porque se deriva de mecanismos similares que no están de acuerdo con las recomendaciones que el GRECO y la propia Comisión han hecho a España con el fin de reforzar la independencia del Ministerio Fiscal”.

Recuerdan que las recomendaciones pretenden llevar la relación entre el Ministerio Público y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia y separar la designación del Ministro de Estado de Justicia de las puras decisiones de partido.

Agregaron que si bien es un hecho innegable la necesidad de reformar el Reglamento Orgánico del Ministerio Público (EOMF) “y que la vía es un modelo de proceso penal en el que los fiscales aseguran aceptar la investigación de los delitos tal como sucede en los países de alrededor nosotros”, la reforma debe ir acompañada de las necesarias reflexiones e informes del Consejo General de Justicia (CGPJ) y del Consejo de Hacienda.

“Sin embargo, con la intención de la reorganización, estos informes se ocultarán y parece que en última instancia pretenden recompensar a la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por terminar sus funciones, lo que conduciría a una mayor politización de la Organización”, agregaron.

En una carta de doce páginas fechada el 12 de abril, la AF explicó al comisario que esta modificación -la 603- de la Ley Concursal se hizo pública durante la preparación que estaban llevando a cabo varios grupos parlamentarios.

“A través de los trabajos preparatorios realizados por otros grupos parlamentarios, se conoció el anuncio de mención de la titular de la Fiscalía General del Estado para el ascenso a primera clase de la Carrera de Ministerio Público luego de que terminara su actual cargo, contribuyendo a que se enfatice una mayor politización de la Fiscalía”.

DOLOR DELGADO

La Asociación informó a Reynders de los antecedentes en los que Delgado pasó a formar parte de FGE. Recuerdan que asistió a las elecciones generales de 2019 por el PSOE, que hizo campaña y que tras la elección obtuvo un escaño y era “fiscal general en funciones cuando le propuso el Gobierno asumir el cargo de ministra de Justicia del estado”.

“No es necesario hacer ningún esfuerzo dialéctico para expresar el carácter de autor de la norma a quien hoy es Fiscal General del Estado”, señalan sobre la vista de la reforma que supone el ascenso a los primeros cargos de una carrera en finanzas. a la Fiscalía General del Estado.

Sostienen que la reforma representa un “descrédito” de la función que constitucionalmente está llamada a desempeñar la Fiscalía porque se ha optado por la oportunidad de realizar esfuerzos para fortalecer la confianza ciudadana en la misma.

En otras palabras, lamentan que la redacción de la reforma posibilite que todas las FGE pasen a ser fiscales de Sala “sin distinción de causa determinada” de destitución, ya que implica también la promoción de una persona que ha sido destituida por incompetencia o prohibición, por participación en una incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el desempeño de sus funciones y por la cual haya violado grave o reiteradamente sus funciones. “Tal disparate solo se explica por las formas que se han utilizado para colar esta reforma”, agregaron.

En consecuencia, la AF considera la reforma “instrumental” con el objetivo de “reactivar los canales de presentación de propuestas de reforma de la Fiscalía General del Estado al Gobierno”.

COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS OFICINAS JURIDICAS

Agregaron desde AF que reformar el Reglamento en atención a las recomendaciones europeas debería considerar dos factores relacionados con las comunicaciones entre el Gobierno y el Ministerio Público: “primero, se hacen por documentos con constancia de documentos específicos, se aclaran tales comunicaciones; y en segundo lugar, se hacen públicas como un medio indispensable para la implementación efectiva de la transparencia que debe presuponer la relación entre el Gobierno de la nación y una de sus máximas instituciones porque sólo así los ciudadanos pueden percibir una mayor independencia.

Lamentan, no obstante, que la reforma de los Estatutos pretenda adoptar una modificación que “aborde sólo el primero de los aspectos señalados, señalando la necesidad de un escrito y su registro”. Señalan, por tanto, que la reforma ignora el tema de la publicidad, que correctamente interpretan como la única (medida) útil a efectos de control ciudadano y parlamentario sobre posibles injerencias del gobierno a la Fiscalía.

A esto, agregaron que si bien las comunicaciones deben constar por escrito, esto no sucede cuando la FGE notifica al Gobierno. Entienden que la reforma “establece una obligación incompleta de documentación escrita y comunicaciones registradas entre el Gobierno y la Abogacía General del Estado que es totalmente salvable mediante segregación artificial sobre quién establece la comunicación”.

“Parece cumplir parcialmente con las recomendaciones hechas a España tanto por la Comisión Europea como por el GRECO, y luego se da una carta en esencia por una vía precisamente predeterminada para evitar el aporte de documentos, registro y publicidad que presidirá las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía como testimonio de la transparencia de las Administraciones del Estado”, ha lamentado.

Para AF, el objetivo es impulsar la reforma “un nuevo espacio de sombra donde se puedan desarrollar las relaciones institucionales, lo que es totalmente contrario a los principios que rigen las Instituciones europeas”.

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Redacción Prensa
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