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La Audiencia Nacional condena al Estado por indemnizar a una mujer por malos tratos policiales tras sentencia de la ONU

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Tiene que pagar 3.000 euros después de que la Comisión Contra la Tortura encontrara indicios de tratos crueles, inhumanos y degradantes

MADRID, 9 de mayo. (Diario Europeo) –

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar 3.000 euros en concepto de indemnización a una cordobesa que fue detenida por la Policía y que denunció lesiones provocadas por agentes según la decisión de la Comisión Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas. (ONU) encontró evidencia razonable de trato cruel, inhumano y degradante.

En su sentencia de 27 de abril, a la que tiene acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo-Interior señala que la resolución señala que España ha incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia médica a la demandante y la reparación íntegra y adecuada del sufrimiento. causado , incluidas las medidas para reparar los daños físicos y mentales y los recursos.

La afectada presentó una denuncia ante el CAT después de que los tribunales españoles, a través de la vía penal, interpusieran su denuncia. El organismo consideró en su resolución de 15 de enero de 2020 que fue víctima de un trato inhumano, cruel y degradante y que el Estado español debería indemnizarlo íntegra y adecuadamente por los daños causados.

El denunciante acudió entonces al Ministerio del Interior para obtener una indemnización por los daños sufridos durante su detención, el 27 de enero de 2013 en Córdoba, y presentó una demanda por responsabilidad patriarcal de la Casa País por la decisión de destitución de la Autoridad Administrativa. por el silencio administrativo del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Actualmente, y dado que no hay constancia de que se hayan producido dichas reparaciones, la Sala señala que uno de los posibles mecanismos para reparar los daños causados ​​podría ser reclamar la responsabilidad patriarcal del gobierno.

“VIOLACIÓN DE DERECHOS A MANTENER Y CONFIRMAR”

En particular, se sugiere que la opinión del CAT puede ser una fuente de financiamiento que facilite la formación de una solicitud patriarcal del Estado para el funcionamiento extraordinario del órgano administrativo como último canal para obtener la anuencia del Estado a reparar. .

En ese contexto, la sentencia señaló que lo relevante en este caso era que en tanto no hubo una adecuada y adecuada reparación de los daños causados ​​en la ejecución de la decisión del CAT, “una violación a los derechos humanos que declara este organismo, a saber, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“Por lo tanto, una vez declarada la vulneración del derecho en la Sentencia CAT, la no ejecución del derecho que fue causa de dicha vulneración, conserva su efecto, pues, tal como se constató en el proceso, el Estado de España – a través del Ministerio del Interior- dejó transcurrir un período prolongado sin que se emitiera una sentencia oportuna y completa”, señala la sentencia.

“Tanto durante el respectivo seguimiento, en el que incluso manifestó que se sometía, en su totalidad, a las decisiones de las autoridades judiciales internas, como en la posterior solicitud de la parte interesada de información e incitando a tal actuación, lo que no parece haber sido contestado, así como en última instancia en el procedimiento de seguimiento por responsabilidad paterna tras la solicitud de la actora, donde la resolución se produce por silencio administrativo”, agregó el juzgado.

Al final, y aunque la querella determinó los daños sufridos tras días de curación de la herida y la mitad de las secuelas, psicológicas y estéticas por un importe total de 8.931 euros, los jueces constataron que “comparada completa y completa
la cantidad de 3.000 euros”.

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Redacción Prensa
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