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La Fiscalía asegura que la inmunidad de Puigdemont no lo exime de la fianza del Tribunal de Cuentas.

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Rechazo del recurso de casación del expresidente catalán, que asegura que su disculpa ha llegado “a cualquier circunstancia”

MADRID, 10 de septiembre (EUROPA PRESS) –

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aseguró que la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont no le eximió de la fianza que el guardián reclamó por responsabilidad contable por presunto uso de dinero irregular del presidente de Cataluña para ’embajada catalana’ y Diplocat. .

En una carta de ocho páginas, a la que tuvo acceso Europa Press, el fiscal general Miguel Ángel Torres rechazó el recurso de apelación del líder independentista en julio pasado.

“Cabe señalar que, en cuanto a la protección reconocida en el Protocolo 7 sobre Privilegios e Inmunidades en la Unión Europea, cabe señalar que no se aplica a un procedimiento administrativo. Para determinar los requisitos de responsabilidad contable”, precisamente.

Además, en este sentido, el fiscal afirma que el presente proceso “no restringe, en modo alguno, la libertad de circulación del recurrente, ni tiene carácter penal ni punitivo”.

Puigdemont pidió la anulación de la fianza obligatoria, ya que “tiene reconocida inmunidad como eurodiputado” “llegando a cualquier caso y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas”.

En su apelación, el expresidente también criticó la actuación del organismo de control y aseguró que la declaración del delegado investigador durante la liquidación de que su inmunidad se extiende solo a los procesos penales es “contra la ley”.

El fiscal apoyó la actuación del representante investigador del Tribunal de Cuentas y, en el segundo texto, rechazó adicionalmente la denuncia del eurodiputado sobre la decisión de no prorrogar el plazo para la presentación de las fianzas.

En virtud de la ley de liquidación anunciada en julio, el organismo de control solicitó a 34 exfuncionarios gubernamentales montos personales por conceptos específicos que aprobaron mientras se encontraban en sus respectivos puestos de trabajo. Todos deberán responder con una cantidad total solidaria de hasta 5,4 millones de euros.

APROBADO DEPENDIENDO DE ARTUR

El Ministerio de Asuntos Públicos también rechazó las alegaciones del expresidente catalán Artur Mas, que interpuso un recurso de apelación solicitando el aplazamiento del plazo de pago de la fianza, argumentando que tres horas para leer el documento de liquidación “no eran suficientes” para hacerlo. Su derecho de defensa . y hasta entonces no se ha realizado ni un solo trámite en el trámite que le fue notificado.

La Fiscalía explicó que, tal como lo estableció previamente la Sala de lo Judicial del Tribunal de Cuentas, “no se podrá dar aviso a ninguna persona que pueda ser responsable” hasta el momento de la convocatoria de la liquidación provisional. Ya que hasta ese momento ningún responsable ha sido identificado.

Por ello, el fiscal aclaró que “no hubo acto de legítima defensa, ni violación del principio de igualdad de armas”. Y también protege que el delegado de instrucción haya cumplido con la normativa en todo momento.

NI JUNQUERAS NI ROMEVA

Entre los artículos -a los que tuvo acceso Europa Press- fueron presentados a la Sala de lo Judicial del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía también desestimó las impugnaciones del exdirector adjunto de la Dirección General de Cataluña Oriol Junqueras y del exconsejero de Asuntos Exteriores. del Gobierno Raül Romeva.

Ambos líderes independentistas, condenados por la Corte Suprema y absueltos por el Ejecutivo, alegan que en su manejo de acciones anteriores en el organismo de control, no se ejercieron sus derechos de defensa, se respetaron y se vulneraron sus derechos fundamentales.

En cuanto a la cuestión del interrogatorio inconstitucional, el fiscal afirmó que “no había fundamento”. Invocar el principio de presunción de inocencia es “inaceptable en la jurisdicción actual, bajo una jurisprudencia continua y reiterada”. Ambos argumentos también fueron presentados por otros ex oficiales.

Por tanto, el fiscal desestimó las impugnaciones presentadas por la defensa de 23 exfuncionarios de la Generalitat. Rechaza el argumento de Josep Manuel Suárez Iborra -exrepresentante del Gobierno en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda- y de Martí Anglada Birulés -representante del Gobierno en Francia- de que la acción del Tribunal de Cuentas significa como “abolición de poder en materia de acción exterior por parte del Departamento General de Cataluña ”.

Rechaza el argumento de la ex auditora de la Generalitat Mireia Vidal Ortí de que los trámites no se completaron correctamente. Y refuta el argumento de la ex inspectora Rosa Vidal Planella, que sostiene que “no hay perjuicio para terceros, ya que la directora general de Cataluña ha afirmado que no hay perjuicio”.

DISCIPLINA DE QUEJAS

En virtud de la Ley de Actos de Tribunales de Cuentas, una vez pagadas las fianzas y resueltos los recursos, se remitirá la parte y demás actuaciones al representante de la entidad pública afectada -en este caso la Generalitat- y demás alegaciones para que dentro del plazo general de 20 días presentarán una demanda.

En caso de no radicarse, se otorgará traslado a la Fiscalía – dentro del mismo plazo – para que pueda constituirlo si lo estima oportuno; En el caso de que tampoco se presente por escrito, la autoridad contable a cargo del caso ordenará el archivo formal de los registros.

Una vez cumplida esta instrucción, el trámite continuará en el Ministerio Público Segundo, de la mano de la jueza Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar, quien a su vez tiene la responsabilidad en este asunto.

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Redacción Prensa
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