La Fiscalía cree que el “control absoluto” de Aguirre sobre el PP Madrid “no es suficiente” para enjuiciarla

Exoneró a González pese a que “existen documentos de haber cometido delitos electorales durante las elecciones autonómicas de 2007”

MADRID, 20 de julio (PRENSA EUROPA) –

La Fiscalía Anticorrupción considera que el hecho de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tenga un “control absoluto” sobre el PP regional “no es suficiente” para procesarla en un apartado separado de ‘Púnica’, en el que la presunta existencia de un tren ‘caja b’ en la capital.

Esto sigue a un informe de 860 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, que el Ministerio Público envió al titular del Juzgado de Instrucción Central número 6, y en el que el fiscal calificó parte de las pruebas como “débiles e incoherentes”. ., que consideró insuficientes “para sustentar una acusación formal” contra el propio Aguirre.

Y, respecto al expresidente autonómico Ignacio González, el Departamento Anticorrupción pidió al instructor un trato igualitario a pesar de “existir documentación de haber cometido delitos electorales en las elecciones autonómicas de 2007”. En concreto, apuntaba el escrito, porque se precisarán los hechos.

El fiscal también señaló que “no hay indicios de un cambio en la adjudicación, o un intento de desviar fondos”. Asimismo, cree que la “credibilidad del denunciante original”, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, “claramente no es suficiente, tanto por ser un testigo de referencia como por la posición de las diligencias que le siguen”.

En cuanto al presunto cabecilla de la trama ‘Púnica’, el exministro Francisco Granados, el Departamento Anticorrupción aclaró que “su participación fue clave” para la introducción del ‘sucesor’ de la trama conspiradora, Alejandro de Pedro , “en el campo” del PP en la Comunidad de Madrid y de quienes desarrollan una parte de la prestigiosa labor en la que se ha centrado el juez.

Por eso, en su escrito, la Fiscalía pidió al juez que lo nombrara banquillo por su posible responsabilidad penal por un delito electoral, otros delitos de cohecho y otro tráfico de influencias.