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La nueva estrategia de ETA contra la impunidad

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El DyJ busca reabrir misiones desde 1978 para enjuiciar también a los dirigentes etarras de cada época

MADRID, 8 de mayo. (Diario Europeo) –

La Audiencia Nacional reabrió recientemente una serie de causas por delitos cometidos por ETA que también tenían como objetivo a dirigentes etarras, en base a una estrategia ideada por Dignidad y Justicia (DyJ) que la asociación de víctimas pretende “abrir nuevas vías legales para combatir el castigo” por parte de organizaciones terroristas, formas que combinan el derecho nacional e internacional, con un enfoque en los delitos contra las especies.

El autor de esta estrategia es el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias del DyJ, un jurista que ha estudiado derecho internacional y ha sido ampliamente premiado, quien desde 2006 ha sostenido que “lo que ha hecho ETA supera los delitos de terrorismo, que ETA cometió crímenes de lesa humanidad”, un trabajo que llamó la atención del presidente de la asociación de víctimas, Daniel Portero, en 2012, cuando lo fichó Explora estos caminos.

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Arias ha explicado que hasta el momento, por motivos que dice desconocer, “España sólo utiliza el derecho nacional contra ETA”, actuando “como si fuera que el Derecho Penal Internacional no existe”, un “error “que se pretende corregir. Todo el Derecho Penal Internacional del siglo XX no se quedó en los Pirineos.

Así, uno de los pilares de la ‘hoja de ruta’ pasa por conseguir que los delitos en ETA sean tratados como crímenes de lesa humanidad. “En lugar de prejuzgar que ETA es un terrorista que comete actos terroristas, analizaremos no al autor sino a la verdad”, dijo.

Rodríguez Arias señala que la “clave” es el “contexto de persecución” que crea ETA, porque es la premisa que permite englobar sus diversas actuaciones -desde el magnicidio hasta el terrorismo- en la categoría de crimen de lesa humanidad.

Para él, este “clima de miedo” es evidente porque ETA, con sus ataques y afirma que: ‘Os tenéis que ir del País Vasco o seréis eliminados uno a uno y en grupos’, “deportó entre 60.000 y 200.000 personas” Euskadi y Navarra, indicando “niveles de violencia” muy por encima de los habituales delitos de terror e intimidación.

AVANZADO DE EUROCAMERA

Sin embargo, algunas voces advierten que los crímenes de lesa humanidad solo pueden ser perseguidos en los tribunales españoles desde 2004, cuando España incluyó oficialmente el delito en su Código Penal.

Rodríguez Arias lo defiende diciendo simplemente “eso no es cierto”, porque “la Constitución garantiza la vigencia interna en España de una serie de tratados y leyes internacionales que protegen a todos los españoles” frente a la delincuencia internacional.

Dijo: “El Derecho Penal Internacional se aplica plenamente en España desde el 29 de diciembre de 1978, cuando se publicó la Constitución en el BOE. A partir de entonces, todos los delitos contra la especie humana causados ​​por ETA pueden ser perseguidos”.

Además, recuerda que el Parlamento Europeo avaló esta posición al aprobar un informe en el que pedía a España que “agotara las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluida la posibilidad de admitir que los delitos terroristas de ETA eran crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004”.

LA ‘DOCTRINA MIGUEL ANGEL BLANCO’

El otro eje del plan del DyJ es la denominada ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’, que pretende aplicar la sacrosantidad de los crímenes contra la humanidad tal y como reconoció el Consejo de Europa en un acuerdo de 1974 sobre los crímenes cometidos por ETA y otros grupos terroristas desde 24 de diciembre de 1990, un total de 430 asesinatos.

Este Convenio Europeo sobre la Irrazonabilidad (CEI) declara que los crímenes de lesa humanidad y “otros actos de naturaleza similar” ya no son válidos para aquellos actos que un Estado Parte clasifica en la misma categoría, para todos los delitos desde que el país incorporó el CEI a su ordenamiento jurídico. , y por normas anteriores, siempre que no hayan sido reglamentadas.

Rodríguez Arias argumenta que, alegando que España ha equiparado el asesinato terrorista con crímenes de lesa humanidad al declararlo imposible con la reforma penal del 23 de diciembre de 2010, las denuncias de asesinatos terroristas realizadas desde la fecha de entrada en vigor (un día después) o más hasta Hace 20 años – períodos de vencimiento en general hasta ese momento – es decir, períodos que han ocurrido desde el 24 del mes de diciembre de 1990, es indeterminado.

El punto débil de la doctrina es que España firmó pero no ratificó la CEI. Para los juristas, esto es irrelevante porque -las razones- CEI es un “acuerdo concreto” para desarrollar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el “acuerdo base” que aterriza plenamente incluido en nuestro país, lo que implica que como miembro de la Señala que “tiene deberes muy específicos cuando se trata de proteger la vida”.

También apunta a un precedente relacionado, que es “más de cien asesinatos impulsivos en el Muro de Berlín”. Alemania asumió la CEDH pero omitió el párrafo que permitía juzgar estos crímenes no resueltos. Para salvarlo, el Tribunal Constitucional y Supremo alemán explicó ampliamente que el país tiene un “deber de proteger la vida”, en línea con el resto de la Convención.

LOS CABEZALES DE ETA Y SU “PEÓN”

Rodríguez Arias destacó que el caso de Miguel Ángel Blanco, por el que han logrado reabrir AN, es “estratégico” para su plan porque, de prosperar, además de establecer que “no hay prescripción”, pretende confirmar la aplicación de la autoría mediada por dominio a la organización terrorista, libre del control terrorista de sus jefes.

Hasta la fecha, etarras han sido investigados y condenados como autores intelectuales y materiales de los atentados, pero esta forma de autoría -explica- despejará el camino para que sean procesados ​​los miembros de las distintas ‘zubas’ o comités ejecutivos de ETA comandados cuando cada uno cometió el delito.

En la práctica, admite, es la aplicación de una teoría de los años 60 del alemán Claus Roxin, el “gran maestro” del derecho penal del siglo pasado. “Es una especie de responsabilidad de mando” de la organización que responsabiliza a sus ‘jefes’ “por lo que mandan y por lo que no previenen”.

A Roxin se le ocurrió este número porque era “inaceptable” que las víctimas solo pudieran buscar justicia si la estructura criminal no lograba borrar sus huellas, por lo que pasó de analizar si quién dio la orden y quién la hizo cumplir, a preocuparse por probar “quién ha control efectivo” de la red criminal.

Bajo estas reglas impuestas, el jefe tiene pleno control sobre la maquinaria criminal y utiliza “peones consumibles” que son “intercambiables” para asegurarse de que si uno niega haber cometido el crimen, otra persona toma su lugar para que “la víctima muera el mismo camino.”.

A nivel internacional ha habido condenas por este tipo de autoría, como la imputación a un paramilitar colombiano de 140 asesinatos por los que no sabía “quién mató a quién dónde”, porque es “el más alto rango”.

En España se condenaba esa autoría, pero sólo a los empresarios, nunca a los líderes terroristas, cuando “el control que tenía ETA era mucho más fuerte”, con “una capacidad coercitiva superior a la del crimen en régimen de servidumbre”, destaca.

Rodríguez Arias pone el ejemplo del asesinato del expresidente de la Corte Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Eso “no lo hizo espontáneamente el autor de un documento, es claramente un hecho delictivo con profundas implicaciones sociales y políticas” corresponde a la dirección de ETA, ha señalado.

El letrado calcula que con este cóctel legal se podría reabrir la mayoría de los 379 delincuentes impunes de ETA. Aunque cree que no será fácil, confía en que la “simple normalidad” del delito se convierta en un lugar común: “Nuestra sentencia legal está completa”.

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Redacción Prensa
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