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Las ciudades de gestión central deben emitir un informe para evitar recortes a las familias

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Los estados no informados no significan automáticamente que la familia está en riesgo

MADRID, 12 de agosto (PRENSA EUROPA) –

El Tribunal Supremo (TS) ha determinado que para evitar cortar el suministro a una familia vulnerable, los municipios deben emitir un informe determinando si el impago se debe a la condición social del Ayuntamiento para excluir o no, ya que ha establecido que -a diferencia de lo que está incluida en la ley catalana de pobreza energética – los casos en los que el ayuntamiento no ha emitido un dictamen no significan automáticamente que la familia esté en riesgo.

La Ley catalana 24/2015 dispone en su artículo 9.4 que la solicitud de informe de los servicios sociales obliga al Gobierno a emitir el documento en el plazo de 15 días y prevé que “si transcurrido este plazo no se ha dictado, entendiéndose que la unidad familiar se encuentre efectivamente en riesgo de quedar excluida de la zona residencial”, lo que evitará el corte del suministro y permitirá aplicar ayudas para que la familia no se endeude.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los jueces determinaron que no bastaba con silenciar a los municipios, que debían emitir el informe que exige la ley en un plazo de 15 días.

Así se ha pronunciado la sala cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo-Doméstico, estimando el recurso de casación de Nat Phung contra la resolución del Tribunal Supremo de Cataluña de no rectificar la resolución de no admitir la causa del Tribunal Supremo de Cataluña Ayuntamiento de Sant. Joan Despí.

El telegrama preguntaba al Alto Tribunal si la falta de emisión de un informe determinando si una unidad familiar se encontraba en estado de exclusión social se traduciría como “inactividad administrativa” o “silencio administrativo” o no, es decir, la falta de respuesta de la Junta equivale a una respuesta positiva. respuesta.

NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN

En seis páginas, los jueces explicaron que “la presunción aquí contemplada no puede ser considerada como silencio administrativo”, porque si lo fuera, significaría que la empresa de energía no está pero no puede utilizar otros medios de prueba para desvirtuar la presunción legal de que existe una situación vulnerable.

“Esto sería cuando menos sospechosamente compatible con la previsión constitucional de un procedimiento administrativo garantizado (artículo 105 de la Constitución) y permitiría, por supuesto, que los ayuntamientos aprobaran la omisión de simplemente impedir la gestión eficaz del servicio prestado por la entidades proveedoras”, señaló el tribunal y posteriormente afirmó que el costo de la interpretación de la ley sobre el derecho al silencio administrativo por parte de la empresa “sería desproporcionado”.

Así, el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de Sant Joan Despí a emitir el correspondiente informe “en el plazo de 15 días desde la notificación de esta sentencia”, que fue firmado por los jueces el pasado 21 de julio.

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Redacción Prensa
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