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Los jueces recordaron a la Generalitat tras la sentencia del Tribunal Supremo español que las resoluciones eran “obligatorias”

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Explicaron que si se determina que no se ha cumplido la orden de la Corte Suprema, “se tomarán las medidas oportunas”.

MADRID, 24 de noviembre (EUROPA PRESS) –

Numerosas asociaciones judiciales han reiterado, en el marco de una sentencia del Tribunal Supremo que aprueba una obligación mínima del 25% de instrucción en castellano en Cataluña, que las decisiones judiciales son “obligatorias para todos”.

Este miércoles, el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado una carta pidiendo a los directores de los centros educativos catalanes que no modifiquen su proyecto de enseñanza de lenguas: “Queremos que sigáis trabajando exactamente como antes”.

La carta fue enviada después de que ayer martes el Tribunal Supremo confirmara la sentencia el pasado mes de diciembre del Tribunal Supremo de Cataluña, que definía una obligación mínima del 25% para enseñar en castellano en el sistema educativo de esa comunidad autónoma. .

La presidenta de la Asociación de Magistrados Profesionales (APM), María Jesús del Barco, reiteró en declaraciones a Europa Press que “todos tenemos la obligación de cumplir con las sentencias”, incluido el “poder público y la política”.

Preguntado sobre si la actuación del ministro podría implicar una violación a la ley, el juez explicó que “para cometer el delito de desobediencia debe haber una solicitud explícita del tribunal para” que la sentencia se cumpla y sea justa. se ha “verificado” que “repetidamente no cumple”.

EL TRIBUNAL DEBE IMPLEMENTAR EL ACUERDO

Un portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, aseguró que “depende de las circunstancias del caso”. Sin embargo, recuerda que “si hay una orden judicial para cumplir con algo, cualquiera que desobedezca voluntariamente puede cometer un delito”. Como señaló, dado que se considera de esta manera “se debe solicitar explícitamente la ejecución de las decisiones judiciales”.

“Lo que está claro es, haya o no un delito, que las decisiones judiciales son obligatorias para todas las personas, para los gobiernos”, agregó. En este sentido, Vaquero enfatizó que “no podemos convivir pacíficamente si no respetamos el Estado de derecho democrático” y enfatizó que quienes hacen que se respeten las leyes son los tribunales de justicia.

Una portavoz de Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, destacó que “hay que poner las cosas en contexto” y reiteró que hasta ahora “son simples protestas” que “no se pueden implementar más adelante”. Dijo: “Si con el tiempo se demuestra que este caso no se ha llevado a cabo, entonces se tomarán las medidas oportunas.

LAS PERSONAS AFECTADAS PUEDEN AVISAR AL TRIBUNAL SI NO SE COMPLETA LA OPINIÓN

Así Martín explica que “si se pide al ministro de Educación que cumpla de inmediato la condena y no la ejecute, se verán las consecuencias”. Como señaló, “es necesario exigir para que se pueda interponer una sanción administrativa o un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.

Para decirlo sin rodeos, aclaró que esto “requiere de un proceso”: que le informaron del veredicto, que le preguntaron y que quedó probado que dicha solución no está hecha. “Es necesario ver qué va a pasar. No podemos anticiparnos a los hechos”, señaló.

No obstante, en el caso de que alguien se crea afectado porque siente que no se ha dado la hora en español especificada en la sentencia, puede notificar al tribunal que la resolución no es de aplicación. A partir de ahí, la justicia emitirá los juicios oportunos.

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Redacción Prensa
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