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La Fiscalía General de la República ha decidido impugnar el cambio de la medida cautelar de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El juez federal otorgó prisión domiciliaria a Murillo Karam el 1 de noviembre, argumentando problemas de salud y su avanzada edad. Sin embargo, la FGR considera que esta medida no es justificada y ha expresado su inconformidad con la resolución del juez.
La FGR ha señalado que fue notificada con muy poco tiempo de anticipación para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, lo cual consideran como una falta de respeto hacia la institución. Además, han destacado la gravedad de los delitos por los que se acusa a Murillo Karam, incluyendo desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. A pesar de presentar numerosas pruebas que demostraban la gravedad de los delitos cometidos, el juez decidió cambiar las medidas cautelares a favor del exprocurador.
Uno de los temas centrales en este artículo es el caso Ayotzinapa y las acusaciones contra Jesús Murillo Karam. El exprocurador general de la República está siendo acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. La Fiscalía General de la República ha presentado numerosas pruebas, incluyendo imputaciones directas, testimonios, dictámenes periciales, documentación y videograbaciones, para demostrar la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por Murillo Karam.
La FGR ha enfatizado que estos delitos son considerados como uno de los crímenes más violentos y brutales en contra de víctimas indefensas que se haya conocido en México en los últimos años. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas y del apoyo del Ministerio Público y las víctimas, el juez decidió cambiar las medidas cautelares a favor de Murillo Karam. Esta decisión ha generado controversia y ha llevado a la FGR a impugnar la medida cautelar, argumentando que no existe una causa grave de enfermedad que justifique el cambio de medidas.