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En Estados Unidos, la ley Jones Act establece restricciones para el transporte de bienes entre puertos del país, lo cual ha generado consecuencias absurdas como el mayor costo de importar gas natural en lugares como Hawaii o Puerto Rico. En Chile, por razones de soberanía nacional y proteccionismo, el cabotaje solo puede ser realizado por barcos chilenos con tripulación y capitán chilenos. Estas restricciones limitan la competencia extranjera y generan un mercado altamente concentrado con precios elevados.
El gobierno chileno ha presentado un proyecto de ley para modificar estas restricciones y fomentar la competencia en el mercado del cabotaje. Aunque se mantienen algunas restricciones, como la nacionalidad de la tripulación y la propiedad de las naves, se busca racionalizar la normativa para permitir mayor competencia. Este proyecto de ley ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado, lo que refleja un amplio consenso político en la necesidad de reducir las barreras artificiales que limitan la competencia en este mercado clave para el país.
Las restricciones en el transporte marítimo en Estados Unidos y Chile tienen consecuencias negativas tanto para los consumidores como para los productores. En Estados Unidos, el costo de importar gas natural desde otros países debido a la falta de barcos capaces de transportarlo en el país, genera un mayor costo para los consumidores en lugares como Hawaii o Puerto Rico. En Chile, la limitada competencia extranjera en el cabotaje genera un mercado altamente concentrado con precios elevados, lo cual encarece la cadena logística de cientos de industrias y afecta a los consumidores y productores nacionales.
El proyecto de ley presentado por el gobierno chileno busca modificar estas restricciones y fomentar la competencia en el mercado del cabotaje. Aunque se mantienen algunas restricciones, se busca permitir que barcos extranjeros puedan hacer cabotaje en su ruta de salida y eliminar barreras administrativas para la constitución de empresas navieras extranjeras en el país, fomentando la inversión extranjera. Esto permitiría reducir las barreras artificiales que impiden la competencia en este mercado clave para el país y beneficiaría tanto a los consumidores como a los productores nacionales.
