PP y Vox reciben advertencia de Escuela Católica: ¿Quién decide el proyecto lingüístico?

La Escuela Católica se opone a la segregación lingüística

La Escuela Católica, la patronal mayoritaria de la enseñanza privada concertada, ha solicitado a los partidos políticos PP y Vox que se abstengan de imponer un proyecto lingüístico específico en los centros educativos. Esta solicitud se produce en respuesta a las propuestas de ambos partidos para segregar a los alumnos en función de la elección de idioma en la etapa educativa inicial.

La autonomía de los centros educativos

La Escuela Católica sostiene que cada centro educativo tiene el derecho de establecer su propio proyecto lingüístico. Según la patronal, cualquier imposición externa sería una invasión del derecho fundamental del centro, tal como lo reconoce el artículo 121.6 de la Ley Orgánica de Educación. Este derecho se deriva de la libertad de enseñanza proclamada por la Constitución Española. La patronal también enfatiza que no existe ninguna estipulación que permita imponer un proyecto educativo o lingüístico específico a un colegio elegido.

Respeto a la elección de los padres

A pesar de su postura, la Escuela Católica también expresa su respeto a las familias que prefieren que la lengua castellana tenga una mayor presencia en la educación de sus hijos. En este sentido, aconseja a estas familias que elijan un centro educativo que se alinee con sus preferencias lingüísticas. La organización remarca que los 83 centros concertados de Balears ofrecen una gran diversidad en sus proyectos lingüísticos.

Rechazo a la segregación escolar por lenguas

La patronal también rechaza cualquier sistema de segregación escolar basado en el idioma, argumentando que esto conduciría a una mayor división social. En su lugar, insta al diálogo y al consenso, confiando en la prudencia demostrada por el conseller de Educació, Antoni Vera. Además, defiende que cualquier regulación relacionada con las lenguas oficiales de Balears debe respetar el marco legal existente, incluyendo el Estatut de Autonomia y la Ley de Normalització Lingüística.