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Se pidió a las personas que consideraran el impacto de los vendedores ambulantes en la omisión y demora de los trámites administrativos

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Propuesta de reforma del Código Penal para aplicar a quienes se dejen dañar y las sanciones a quienes lo hagan

MADRID, 12 de junio. (EUROPA PRESIÓN) –

Ciudadanos Registrados en el Congreso propone reforma al Código Penal para afectar la venta ambulante que se considere viciada y retrasar o acelerar las actuaciones administrativas o judiciales a cambio de algún beneficio para un funcionario o autoridad pública que realiza el hecho o para un tercero.

Además, la capacitación sugirió que las penas prescritas para quienes cometen este tipo de delitos también se apliquen a quienes se dejen corromper y terminen cometiéndolos.

En concreto, el proyecto de Ley de Ciudadanos, al que tiene acceso Europa Press, ampara la modificación de los artículos 428 y 429 del Código Penal. La primera categoría se ocupa de los delitos de tráfico de influencias cometidos por funcionarios o autoridades públicas y la segunda se refiere a los delitos cometidos por particulares.

SÓLO ALIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA

Actualmente, sólo son sancionados los funcionarios o autoridades que se aprovechen de su cargo o relación personal o rango para inducir a otros a “tomar una decisión que directa o indirectamente pueda generar beneficios económicos para sí o para un tercero”.

Las penas previstas para quienes cometan estos hechos son las siguientes: prisión de seis meses a dos años, multa del doble del beneficio obtenido o perseguido, inhabilitación para trabajar en fueros o cargos, y no podrán ejercer pasivamente el derecho de voto por tiempo limitado. de cinco a nueve años. Si se quiere obtener el beneficio deseado, tendrán que dominar la mitad superior del mismo.

Ciudadanos argumenta que “es absolutamente imprescindible que al influir en los delincuentes callejeros se castigue también al funcionario o autoridad que se deja influenciar”, es decir, sólo se considera que no se sanciona el carácter del influencer.

Por eso exigió que estos castigos afecten tanto a corruptos como a corrompidos y, además, inciten a “un acto contrario al deber inherente” del gobernante que se pretende utilizar el cargo oficial, más o menos. no realizar, retrasar o agilizar una actividad que está obligado a realizar, a cambio de su propio beneficio o el de otra persona.

Y TAMBIÉN SI SON PARTICULARES

Al mismo tiempo, Ciudadanos propuso modificar el artículo 429 del Código Penal para sancionar a las personas que influyan en un funcionario o autoridad pública para que realice el acto de tráfico de influencias mediante la realización, omisión, retardo o aceleración de una determinada acción, a cambio de una determinada o beneficio dado. un tercero

“El efecto de la venta ambulante representa una decisión política criminal de anticipar barreras de poder punitivo al período previo a la conducta corrupta, impidiendo cualquier intento de injerencia en las funciones públicas desde la etapa de preparación”, argumentó el partido naranja, subrayando que la reforma fue necesaria “para conciliar una sólida política anticorrupción”.

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Redacción Prensa
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