Según propuesta de UP, la Ley de Vivienda prohibirá la venta de condominios a fondos de inversión

La redacción de esta cláusula tiene como finalidad evitar casos como los que tuvieron lugar en Madrid en 2013

MADRID, 6 de octubre (EUROPA PRESS) –

Como lo propone United We Can, una futura Ley de Vivienda incluiría la incapacidad del gobierno para vender viviendas públicas a entidades privadas (como fondos de inversión), donde el conjunto de protección permanente no incluye su reclamo.

Fuentes de la escuadra morada explicaron a Europa Press que han conseguido incluir este punto en el texto acordado con el PSOE sobre la futura normativa, con el objetivo de establecer una prohibición de enajenación de locales.Los hogares son de titularidad pública y luego pueden ofertarse en el mercado abierto por compradores. Es una prioridad que Unidos podamos avanzar en las negociaciones de la Ley de Vivienda, que concluyeron ayer.

Una disposición está destinada a prevenir casos como el ocurrido en 2013 en la Comunidad de Madrid, cuando el ejecutivo autonómico vendió cerca de 3.000 viviendas en el antiguo Ivima al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, operación que desde entonces ha sido abandonada. por la Corte Suprema cuando insistió en que el rechazo era injustificado.

Otro ejemplo es la operación que el Ayuntamiento de Madrid también llevó a cabo ese año durante el periodo que lideró la ex alcaldesa Ana Botella, cuando cedió un total de 1.860 viviendas por valor de 128,5 millones de euros de la Casa Empresa y Suelo Municipal de Madrid (EMVS) por el Fondo de Inversión de Blackstone.

Esta mañana, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, desestimó esta opinión al decir que la ley está destinada a prevenir casos como los traslados de viviendas protegidas, como se ha visto en el proceso pasado en la Comunidad de Madrid con la venta de pisos al “fondo buitre”. “Eso no se volverá a hacer en España”, afirmó.

La redacción acordada entre los socios de la coalición especifica que el estándar de un sitio establecido como reserva de vivienda pública “no se puede modificar”, excepto en los siguientes casos: particularmente cuando el instrumento de planificación urbana justifica “la innecesaria situación de este tipo de vivienda o la imposibilidad del referido destino, independientemente de que las condiciones de la vivienda protegida puedan ser modificadas para satisfacer las necesidades y demandas del territorio ”.

LA PROTECCIÓN EXCLUYE LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO PÚBLICO

Además, la redacción de esta disposición especifica que las viviendas protegidas anunciadas en dicha propiedad “estarán sujetas a un régimen perpetuo de protección pública excluyendo la inhabilitación, siempre que se mantenga la calidad de dicho terreno”.

De esta forma, las viviendas quedarían sujetas a esta protección pública “permanente”, salvo que se prevea específicamente la normativa autonómica “en caso de justa causa” que promueva legítimamente su inhabilitación o establezca un período de elegibilidad.

Para esta excepción, las regulaciones de vivienda futuras indican que toda o parte de la ayuda recibida en el caso de deshacerse de una vivienda debe ser devuelta después de que la vivienda no sea elegible, como se establece en las regulaciones locales.

“En todo caso, a los efectos de este apartado, la promoción de la vivienda protegida en terrenos no calificados como urbanos por dicho destino y sin apoyo público para promover”, recalcó.

De esta forma, la venta o alquiler de estos albergues públicos a particulares quedará sujeta a las condiciones que establezca la normativa, y su cesión se hará principalmente a favor de aquellos buscadores de alojamiento que se encuentren inscritos en el registro público de cada zona.

EL CENTRO DE FUTURAS REGULACIONES

La nueva ley de vivienda también prevé destinar el 30% de una promoción a la vivienda protegida, para ampliar la oferta de vivienda pública, mientras que el 15% de eso será para alquileres de vivienda social.

Además, ofrece un recargo de IBI del 150% sobre las unidades desocupadas y una regulación de la tarifa de alquiler para reducir los alquileres de las propiedades propiedad de grandes propietarios (10 o más) en forma de persona jurídica, teniendo en cuenta los estándares en las áreas de tensión.

A cambio, existen créditos fiscales de hasta el 90% de los ingresos que obtienen los pequeños propietarios en caso de descuento de alquiler respecto al contrato anterior.