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TC se niega a revisar la sentencia por el atentado de la T4 en Barajas a petición de un etarra

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Desestimar el recurso del etarra Igor Portu Juanena, alegando que la actuación del Supremo fue conforme a derecho

MADRID, 11 de mayo. (Diario Europeo) –

El Tribunal Constitucional en pleno rechazó el recurso de amparo interpuesto por el etarra Igor Portu Juanena contra la decisión del Tribunal Supremo de no permitir la interposición de un recurso extraordinario de revisión contra su alegación de ser coautor del atentado de una organización terrorista. ETA el 29 de diciembre de 2006, en la base de la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Según informó este miércoles el tribunal de orden, las resoluciones del Tribunal Supremo se ajustan a lo dispuesto en la legislación aplicable, y no vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva. Los jueces consideraron que la actuación del Alto Tribunal se rigió por el control de constitucionalidad, compatible con el acceso a la jurisdicción, compatible con los principios de seguridad jurídica y justicia material.

La decisión que adopte el Pleno contará con los votos específicos del vicepresidente, Xiol Ríos, así como de los jueces Balaguer y Montalbán y los jueces Conde-Pumpido y Sáez.

La Constitución se pronunció tras un largo periplo judicial del etarra. Portu fue condenado, en sentencia de 21 de mayo de 2010 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a varias penas de prisión por ser coautor de un crimen atroz, dos cargos de homicidio terrorista total y 48 cargos de tentativa de asesinato de terrorista. Esta sentencia no fue apelada, por lo que quedó firme.

Al mismo tiempo, se abrió otro proceso penal contra varios miembros de la Guardia Civil que intervinieron en el momento de la detención de Portu. En primera instancia, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a los cuatro agentes como autores de graves torturas, por causar lesiones al recurrente por pertenecer únicamente a la organización terrorista ETA. Sin embargo, esta sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, que absolvió a los agentes en sentencia de 2 de noviembre de 2011 por entender que no había pruebas suficientes en su contra.

EVALUACIÓN DEL TEDH

Portu impugnó el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en su fallo del 13 de febrero de 2018 confirmó la apelación. En su resolución, el tribunal de Estrasburgo encontró una violación del artículo 2 del Convenio Europeo y condenó a España por entender que, en el momento de la detención, el recurrente había sido herido por malos tratos, pero no pueden ser considerados tortura. . Debido a la falta de evidencia convincente del propósito por el cual se infligieron las heridas.

El etarra se encargó de apoyarse en la sentencia del TEDH para pedir al Tribunal Supremo que le autorizara a solicitar la revisión de la sentencia que le había dictado la Audiencia Nacional. El Tribunal Superior de Justicia de España, en la resolución impugnada en amparo, desestimó la demanda, argumentando que la sentencia de Estrasburgo no se refería a la resolución que se pretendía revisar, que era la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, sino a la decisión del Tribunal Supremo. . revocó la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa.

Asimismo, la Corte Suprema sostuvo que ninguna sentencia condenatoria demostró que los testimonios de los acusados ​​se hubieran obtenido mediante fuerza o coacción. Y explicó que las lesiones de Portu ocurrieron en instalaciones y bajo vigilancia policial, pero no se constató intención confesional alguna ni existencia de relación alguna con las pruebas utilizadas para condenarlo.

DECISIONES ORGANIZATIVAS

Ahora, la sentencia Constitucional ha confirmado el criterio del Tribunal Supremo y ha desestimado el recurso de amparo. Para el organismo de garantía, las resoluciones del Alto Tribunal se ajustan a lo dispuesto en la legislación vigente y no vulneran el derecho a la tutela del efecto judicial.

Como dejó claro el Tribunal Constitucional en su nota, el argumento del tribunal para desestimar el recurso fue “particularmente amplio”. Los jueces realizaron un análisis pormenorizado de las decisiones del TEDH y de la Audiencia Nacional.

Luego de dicho examen, insistieron en que no existe una conexión temporal, espacial o personal entre los malos tratos que ha recibido el presente peticionario hacia el amparo y otro imputado y la confesión de este último. Y han insistido en que Portu no se opuso a la decisión de la Audiencia Nacional, no discutiendo la valoración de las pruebas que llevaron a su condena.

Por el contrario, se encontró que no existía relación entre los malos tratos y la legitimidad, validez y eficacia de las pruebas utilizadas para descartar la presunción de inocencia del recurrente.

Este tribunal también verificó que el caso busca que la Corte Suprema emita una nueva apreciación sobre la validez y adecuación de la prueba de la confesión de terceros, lo que considera inaceptable, ya que el propio Portu renuncia a impugnar la legalidad y validez de dicha prueba en el procedimiento respectivo, ya que la sentencia de la Audiencia Nacional no ha sido recurrida; más allá del objeto apropiado del recurso de evaluación.

Tras rechazar explícitamente la aplicación al caso de esta doctrina recogida en la sentencia del TEDH de 26 de octubre de 2021 (Serrano Contreras c. España), el tribunal concluyó que las resoluciones impugnadas no pueden calificarse de duras, demasiado formales o desproporcionadas. , pero en consonancia con la naturaleza, requisitos, fundamentos y fines de este instrumento procesal extraordinario, conocido como recurso de revisión, donde la seguridad jurídica debe prevalecer ante la ausencia de una buena causa que justifique dejar sin efecto la condena firme.

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Redacción Prensa
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