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TS consideró “legítimo” que un demandado de ERE hiciera una reclamación contra otro empresario para encubrirse sin llegar a “reputación”.

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Defienden el uso de la libertad de expresión como “instrumento del derecho” frente al derecho a ser glorificado

MADRID, 22 de marzo. (EUROPA PRESIÓN) –

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha aprobado la decisión de los tribunales andaluces de desestimar la demanda de Jesús Barderas contra el empresario Eduardo Pascual, alegando que atentó contra su honor al declarar en su contra durante la instrucción de su caso particular. parte del ‘caso ERE’, argumentando que las intenciones de Pascual eran “legítimas” en el sentido de que pretendía encubrirse sin caer en la condición de “desacreditado” de Barderas.

En la sentencia del 15 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Primera desestima el recurso de Barderas, según el cual pretende que el Tribunal Supremo revoque sentencias anteriores del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla y de la Audiencia Provincial de Sevilla. capital andaluza, en ambos casos rechazó la pretensión de derechos honrosos a Pascual.

El origen de la controversia es la declaración que Pascual realizó el 26 de septiembre de 2014 ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla como parte demandada. Ese día, según TS, el empresario aseguró que, “de la Junta de Andalucía, 100 millones fueron para Fortia y, de Fortia, 18 millones fueron a parar al bolsillo de empresarios que están metidos en la dirección del PSOE nacional como (. ..) Jesús Barderas”.

Asimismo, presentó a Barderas como suegro del “accionista mayoritario” de Fortia Vita, empresa “controlada por el Partido Socialista de Cataluña” y “que lleva por cuenta del PSOE todo el asunto de las cuentas de inversión internacional en Sudamerica”. Específicamente dijo que el Sr. Barderas es gerente de dos hoteles en República Dominicana donde se han invertido 18 millones de euros.

Para el recurrente, las palabras de Pascual supusieron una vulneración de su derecho al honor, exigiendo que se subsanara con una declaración clara del asunto, así como su condena por restitución que le impuso la cantidad simbólica de un euro por “daños”.

Sin embargo, Barderas volvió a ver frustradas sus aspiraciones cuando la Sala Civil determinó que la persecución de Pascual con su demanda judicial “era justificable”.

ÉL ESTÁ MIRANDO “ESTO PROPIO IMPRESIONANTE”

“No existe ningún documento (…) que demuestre que se ha ejercido el derecho a la libertad de expresión, no como expresión e instrumento del derecho de defensa, sino como medio para buscar la credibilidad de uno. relacionados con el delito. se imponen”, señaló.

Los magistrados destacaron que Pascual formuló tales cargos “en el marco de un proceso penal como imputado, en ejercicio del derecho de defensa”, respondiendo a preguntas del juez y de las partes, y que “los hechos referidos no fueron interrumpidos por los investigados en dicho proceso”.

Asimismo, recalcaron que no constaba que Pascual lo hiciera “con el objetivo de desprestigiar al querellante, sino para buscar su propio perdón de la humillación criminal de su imposición”.

También valoraron que el denunciante no utilizó “frases o expresiones ofensivas” o “términos claramente denigrantes u ofensivos”, sino que se limitó a “explicar su interés por los hechos”.

También destacaron que el interrogatorio de Pascual se produjo mientras la investigación estaba encubierta, por lo que no pudo salir a la luz, y agregaron que “no se ha probado que la divulgación en medios de estas declaraciones se haga a pedido o en cooperación con el imputado”.

“SIN DERECHO A MENTIR”

No obstante, la Sala de lo Civil concluyó que la consideración de la Audiencia Provincial de Sevilla en su sentencia entre el derecho de defensa y el derecho al honor “era correcta”.

En este sentido, señala que “la sentencia de apelación no afirma, ni expresa ni implica, que el derecho a la defensa y el derecho a la libertad de expresión ejercidos en virtud de ella sean un derecho absoluto”.

En este sentido, reitera que la Audiencia sevillana ha establecido que “no existe el derecho a la mentira que menoscabe, sin justificación, la reputación ajena” y que es necesario estudiar los “detalles” del caso concreto, en este caso . , haciéndole optar por el derecho de defensa.

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Redacción Prensa
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