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“Vivimos una situación de guerra como Ucrania”

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Se acusa el Estado de incumplir su obligación de proteger derechos básicos recogidos en la Carta Social Europea y a la Comunidad por “estigmatizar” a los niños

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) –

La Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real, constituida por 50 organizaciones civiles y cinco organizaciones internacionales, han presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales la primera denuncia contra España por violación “sistemática” de los derechos humanos ante la vulneración de hasta diez artículos recogidos en la Carta Social Europea, tratado del Consejo de Europa que protege estos derechos.

La demanda colectiva busca “hacer Justicia”, que se restablezca la luz y que el Estado cumpla con su obligación de proteger los derechos de los 4.000 vecinos del sector V y VI que viven desde hace año y medio sin suministro eléctrico, “lo que está afectando gravemente a la salud de niños y mayores”.

“Es una catástrofe humanitaria porque vivimos en una situación de guerra como Ucrania pero en vez de bombardeos, nos quitan la luz”, ha denunciado Omar, uno de los vecinos afectados que ha participado en la rueda de prensa conjunta ofrecida para detallar la reclamación colectiva y quien ha invitado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, a pasarse una tarde a la Cañada y ver cómo estudian sus hijos con velas.

La invitación se produce después de las declaraciones de ayer de Ossorio sobre el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social realizado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada (Foessa) para Cáritas y por el que el consejero se preguntó “dónde están los pobres”.

Javier Rubio, abogado de los afectados y miembro de la plataforma, ha señalado que la reclamación se interpone ante la vulneración continuada de derechos, una situación que se produce a “14 kilómetros de la Puerta del Sol mientras se expanden los desarrollos urbanísticos del Sur” como los Berrocales.

En concreto, la Plataforma Cívica y las cinco entidades internacionales legitimadas para presentar la denuncia entienden que se está produciendo una violación de dos bloques de derechos protegidos en la Carta Social Europea y con el objetivo de que el Comité redacte una serie de recomendaciones a cumplir por España, según ha expuesto el letrado Rafael Cid.

De forma paralela, la plataforma reclama al Comité Europeo que se tomen medidas cautelares con carácter urgente para que vuelva el suministro eléctrico mientras se tramita la reclamación y que actúe en casos de especial gravedad.

En el escrito, se denuncia el quebranto de hasta diez artículos relacionados con derechos transversales que afectan directamente a la población y a obligaciones incumplidas por parte de las autoridades públicas a la hora de proteger a colectivos vulnerables como niños o mayores.

ACCESO A LA ELECTRICIDAD

Entre los derechos transversales afectados figuran el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, y el derecho a trabajar.

“El derecho a la vivienda implica que la vivienda tenga acceso a la electricidad y la posibilidad de calentar la vivienda frente a temperaturas bajas”, ha subrayado Cid, quien ha incidido en que los cortes de luz están incrementando afecciones respiratorias y otras enfermedades cardiacas, dermatológicas y de diabetes.

De igual modo, ha recalcado que la falta de suministro eléctrico está afectando a necesidades de cuidado básico para recién nacidos, niños y embarazadas, tachando de “insuficientes” las medidas para incrementar los recursos médicos y para mejorar las condiciones de habitabilidad.

La demanda apunta también a la violación del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusivo social al aumentar el número de personas en pobreza energética, lo que está impidiendo el disfrute de derechos como por ejemplo que los niños puedan estudiar.

TRATO NEGLIGENTE CONTINUO

También ha intervenido María López de la Usada, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, quien ha indicado que en la demanda se solicita que se “restablezca la luz, se ponga fin a la grave violación de derechos humanos, que se evite más daños y que se repare el daño causado”.

“España está violando derechos protegidos en la Carta Social como el derecho de protección a los niños. Unión Fenosa recoge en su código ético el respeto a los derechos humanos pero no ha tenido en consideración los derechos de la infancia y a la adolescencia y todos los poderes públicos están obligados a protegerlos”, ha aseverado.

Pese a ello, ha insistido López de Usada, “los niños de la Cañada están sometidos a un trato negligente continuo, a un abandono de su salud física y mental y a una situación de desventaja educativa crónica”. Tras ello, ha denunciado que la Comunidad de Madrid “no solo no está tomando medidas para proteger sus derechos, sino que está estigmatizando aún más a los niños, quienes han vivido el menosprecio y han visto ridiculizados sus derechos”.

Algunos de los niños han tenido la oportunidad de trasladar escritos al Comité Europeo, trasladando a sus miembros que están “agotados y tristes”. Muchos han dejado los estudios y otros han caído en la depresión. “En una carta, un niño de 12 años comentaba que lo peor de todo era el frío y que había niños de 3 y 4 años, y mayores con 80”, ha comentado la miembro de esta plataforma de juezas.

“EXCUSA DE LA COMUNIDAD”

Omar, que representa a los vecinos, ha subrayado que miles de familias obreras viven en la Cañada desde hace más de 30 años. “Os invito a visitar el barrio para que veáis si hay venta de droga. Nosotros queremos que se derriben las parcelas donde la venden porque es un tramo de menos de un kilómetro del total de 15 kilómetros que hay. Es una excusa de la Comunidad para dejaros sin luz”, ha denunciado este vecino, con cinco hijos.

Asegura que actualmente hay una situación de catástrofe humanitaria como en Ucrania pero sin bombas: “Nuestros hijos viven con angustia e incertidumbre. Y todo esto les está generando un trauma. Estamos enterrando a futuros talentos con carreras importantes”.

Por ello, emplaza al Estado a protegerles y al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a cumplir el Pacto regional firmado en 2017 por todos los grupos de la Asamblea para que se garantice al acceso a luz”.

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Ossorio, ha replicado que a las personas que salen hablando “con poder” les invita por la tarde a su casa para que vean solo cómo estudian sus hijos con velas o cómo se duchan.

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Redacción Prensa
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