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En la actualidad, existe una creciente división entre los empresarios de Catalunya y Madrid sobre la posible amnistía para aquellos implicados en el intento de secesión de Catalunya. Mientras los empresarios catalanes buscan un acuerdo político que incluya la amnistía, los de Madrid se oponen firmemente a esta idea.
La propuesta de una amnistía condicionada fue presentada por Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, en Barcelona. Esta propuesta ha recibido apoyo de diversas organizaciones económicas y sindicales de Catalunya, incluyendo PIMEC, CECOT y la Cambra de Barcelona, así como los sindicatos CC.OO. y UGT. Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su oposición a la amnistía en varias ocasiones.
La división entre los empresarios de Catalunya y Madrid parece radicar en su percepción de la amnistía y sus posibles consecuencias. Los empresarios de Madrid se preocupan por el respeto a la legalidad, la autoridad del Estado de derecho y la igualdad de los españoles, que creen podrían verse dañados con una amnistía. Por su parte, los empresarios catalanes, tras años de parálisis política y social, buscan la recuperación de la normalidad y el retorno de las empresas que se trasladaron fuera de Catalunya tras el referéndum de 2017.
La divergencia de opiniones entre los empresarios de Catalunya y Madrid también tiene implicaciones políticas y económicas. Algunos sugieren que el rechazo a la amnistía por parte de los empresarios de Madrid podría ser una estrategia para evitar un acuerdo de gobierno entre PSOE-Sumar y los independentistas catalanes. Además, podría existir una competencia entre las elites territoriales, donde cada grupo busca favorecer a sus propios intereses. Por otro lado, se plantea la cuestión de la unidad de mercado, un concepto que ha sido defendido por la gran empresa española pero que parece haber caído en el olvido. La ruptura de esta unidad se atribuye a la desigualdad en el pago de impuestos entre las elites de Madrid y las de la mayoría de las demás comunidades autónomas. Este desequilibrio fiscal podría verse exacerbado si se aprueba la amnistía, lo que podría tener consecuencias significativas para los contribuyentes de las comunidades que ya son las que más pagan.
