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En los últimos años, el Tribunal Supremo ha tomado decisiones que invalidan nombramientos y ceses en puestos relevantes del Estado. Estas decisiones han afectado a organismos e instituciones como la Agencia Española de Protección de Datos, la Guardia Civil y el Consejo de Estado. En la mayoría de los casos, los nombramientos y ceses contaban con el aval del Gobierno, las Cortes y la Fiscalía General. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que estos procesos no cumplían con la normativa vigente, lo que ha llevado a la anulación de los mismos.
Uno de los casos más destacados es el de los nombramientos pactados por PSOE y PP a la Presidencia y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos. El Tribunal Supremo consideró que el procedimiento utilizado estaba viciado de raíz al apartarse de la normativa vigente. Además, también se han anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, la designación de Eduardo Esteban como fiscal de menores y el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala. Estas decisiones del Tribunal Supremo han generado polémica y han puesto en entredicho la forma en que se llevan a cabo los nombramientos y ceses en el Estado.